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Este martes, la organización Human Rights Watch, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, señaló que los grupos armados que se disputan la región del Catatumbo, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, han cometido graves abusos contra los habitantes de la zona y han desplazado a miles de personas.
Además, el informe resalta que desde el 16 de enero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lleva a cabo una campaña para recuperar el control de amplias zonas de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
Con este objetivo, “el ELN ha asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles a los que acusa de tener vínculos con el Frente 33, un grupo armado que surgió después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017”, advirtió la entidad defensora de los derechos humanos.
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“Los combates entre estos grupos y los abusos que han cometido han obligado a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, uno de los mayores desplazamientos masivos de Colombia en décadas”, agregó.
Ante este panorama, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que, “nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”.
La directiva también enfatizó que, “las víctimas que entrevistamos también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales”.
En medio de estos hechos violentos, Human Rights Watch reveló que entre enero y febrero de 2025, entrevistó a más de 65 personas, incluyendo a desplazados en Cúcuta, Norte de Santander, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales.
A esto se suman testimonios por teléfono a personas en el Catatumbo y autoridades judiciales y otros expertos en Bogotá, quienes sufrieron o presenciaron abusos y temen represalias, razón por la cual hablaron con Human Rights Watch bajo la condición de anonimato.
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Tras adelantar este proceso, Human Rights Watch también revisó y verificó fotografías y videos para corroborar casos de abusos y analizó reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre otros.
¿Por qué el Catatumbo es epicentro de la guerra?
El Catatumbo, ubicado en la frontera con Venezuela, es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas. Durante años, el ELN se ha beneficiado de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas.
El ELN y el Frente 33 habían compartido el control territorial de grandes partes del Catatumbo desde 2018, en lo que expertos y funcionarios del gobierno describieron como un “acuerdo de coexistencia armada”.
Según Human Rights Watch, en la mañana del 16 de enero, combatientes del ELN llevaron a cabo una serie de asesinatos de manera prácticamente simultánea en corregimientos de cinco municipios del Catatumbo: Teorama, Convención, Hacarí, Tibú y El Tarra.
Entre las víctimas se encontraban líderes sociales, miembros de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) y excombatientes de las FARC, que se habían desmovilizado en virtud del acuerdo de paz de 2016 con el gobierno.
“Combatientes del ELN registraron viviendas y lugares de trabajo en busca de personas a las que acusaban de tener vínculos con el Frente 33. Testigos nos dijeron que miembros del ELN mataron a algunas personas y se llevaron a otras de las que días después se reportó su muerte. Algunos habitantes de la zona no saben qué pasó con sus familiares”, reseña el informe.
La organización también indicó que, “numerosos desplazados dijeron a Human Rights Watch que, en los últimos años, el Frente 33 había ampliado su control sobre las comunidades del Catatumbo, imponiendo normas a la población civil y usando amenazas, asesinatos y trabajos forzados como castigo”.
“Los entrevistados también denunciaron el reclutamiento forzado, incluyendo de niños”, resalta.
Sobre los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y ELN, Human Rights Watch explicó que: “el Gobierno colombiano había establecido conversaciones de paz con ELN desde agosto de 2022 y, desde octubre de 2023, con el Frente 33, que es parte de una coalición de grupos armados disidentes de las FARC conocida como “Estado Mayor de los Bloques y el Frente”. Durante las negociaciones con el Frente 33, el gobierno acordó un cese al fuego y anunció planes de desarrollo local que serían implementados por el Frente 33, el gobierno y las comunidades, a pesar de que los combatientes permanezcan en armas”.
Con relación a estos planes, “los entrevistados dijeron a Human Rights Watch que los civiles que participaron en la creación de estos planes de desarrollo local corrían un alto riesgo de sufrir ataques del ELN. Además, Las autoridades de Norte de Santander reportaron que 78 personas, entre ellas 4 niños, fueron asesinadas en el Catatumbo entre el 16 de enero y el 8 de marzo. Esta cifra es más de cuatro veces superior al promedio mensual de asesinatos en 2024. También es probable que la cifra real sea aún mayor, pues los grupos armados “desaparecieron” a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades.
