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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un comunicado para aclarar el estado del proceso de extinción de dominio relacionado con un inmueble que figura registrado a nombre del exfutbolista René Higuita.
La entidad indicó que el proceso no fue iniciado por la SAE, sino por la Fiscalía General de la Nación mediante una resolución del 6 de mayo de 2014.
En esa decisión también se decretaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble.
Según el comunicado, dichas medidas fueron materializadas el 15 de mayo de 2014, fecha desde la cual el bien quedó bajo administración de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes y, posteriormente, pasó a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales, conforme a las disposiciones legales vigentes.
Sentencia aún no está en firme
La SAE informó que el pasado 3 de julio de 2026, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín profirió una sentencia de primera instancia mediante la cual declaró la extinción del derecho de dominio sobre el inmueble.
Sin embargo, la entidad enfatizó que esa decisión aún no está ejecutoriada, es decir, no ha quedado en firme, por lo que el proceso continúa conforme a las etapas y recursos establecidos en la legislación colombiana.
La aclaración busca precisar que la decisión judicial todavía puede ser objeto de los recursos contemplados por la ley antes de adquirir plena ejecutoria.
SAE recuerda cuál es su función
En el comunicado, la Sociedad de Activos Especiales también explicó que durante el desarrollo del proceso judicial se presentaron diferentes actuaciones relacionadas con la titularidad del inmueble.
Entre ellas, una sentencia de pertenencia mediante la cual el bien fue inscrito a nombre de René Higuita, actuación que posteriormente fue analizada dentro del proceso de extinción de dominio adelantado por las autoridades competentes.
La entidad agregó que, en ejercicio de sus funciones, el 30 de noviembre de 2022 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, asunto cuya investigación corresponde exclusivamente al ente acusador.
Finalmente, la SAE reiteró que su papel se limita a la administración de los bienes sometidos a medidas cautelares y a procesos de extinción de dominio, en cumplimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Quién inició el proceso de extinción de dominio?
La Fiscalía General de la Nación inició el proceso el 6 de mayo de 2014 y decretó las medidas cautelares sobre el inmueble.
¿René Higuita perderá su propiedad en el proceso de extinción de dominio administrado por la SAE?
El proceso de extinción de dominio sobre el inmueble registrado a nombre de René Higuita cuenta con una sentencia de primera instancia a favor de la Nación, emitida el 3 de julio de 2026. Sin embargo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que esta decisión judicial aún no está en firme ni ejecutoriada, por lo que el exfutbolista todavía dispone de las etapas y recursos legales contemplados en la legislación colombiana para apelar.
¿Desde cuándo está embargada la propiedad de René Higuita que hoy administra la SAE?
El inmueble de René Higuita se encuentra bajo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo desde el 15 de mayo de 2014. La administración del bien estuvo inicialmente a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes y luego fue transferida a la SAE, entidad que custodia el activo mientras el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín define la situación jurídica definitiva.
¿Cuál es el papel de la SAE en este caso?
Según explicó la entidad, la función de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) se limita estrictamente a la administración de los bienes que están sometidos a medidas cautelares, cumpliendo con las órdenes de los jueces competentes. La entidad precisó que no fue la encargada de iniciar esta acción legal, sino que el proceso y los embargos correspondientes fueron ordenados por la Fiscalía General de la Nación desde mayo de 2014.
