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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó una acción popular a través de la cual se frenó licitación de pasaportes, por lo que será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que determine cuál será el paso a seguir.
Dicho contrato, que sería adjudicado el 1 de agosto pasado, se debió suspender debido a esta acción popular.
La determinación se dio 20 días después de que varias multinacionales señalaran que las condiciones estaban dadas para favorecer al actual contratista Thomas Greg and Sons.
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La demanda presentada por Esteban Puyo Posada fue rechazada por el alto tribunal, debido a que la misma se dirigió contra un tercero ajeno al proceso.
Puyo Posada, a título personal, presentó dicha demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra la Cancillería con el fin de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos a la moralidad y la libre competencia económica.
En su demanda, esta persona solicitaba que se modificara, el criterio sobre otorgar el mayor puntaje al proponente que tuviera una planta de contingencia ubicada Norteamérica y dejar, únicamente, como criterio adicional, el contar con la planta de contingencia.
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Igualmente, solicitaba ajustar los factores de calificación de personas en situación de discapacidad, para que los proponentes tuvieran una participación de una empresa extranjera sin sucursal en Colombia.
Dicha licitación pública tiene como objetivo suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libreta de pasaportes, así como el servicio de impresión.
Es de destacar que este proceso fue abierto por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía un costo de más de $ 600 mil millones.
