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La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca prohibir el uso del fracking y la explotación de yacimientos no convencionales de petróleo y gas en Colombia.
La iniciativa fue radicada con mensaje de urgencia y propone la prohibición de técnicas que impliquen fracturar el suelo con agua a alta presión mezclada con químicos para extraer hidrocarburos. Según el documento, esta práctica representa riesgos ambientales y sociales que afectarían la salud de las personas, los ecosistemas y las fuentes hídricas del país.
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Entre los impactos señalados, el proyecto destaca la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, la emisión de gases como el metano —contribuyente al cambio climático—, la generación de residuos con posible presencia de materiales radiactivos, y afectaciones a la biodiversidad, la agricultura y la ganadería. También se advierte sobre el consumo excesivo de agua, estimando que cada pozo de fracking puede requerir hasta 44 millones de litros, cantidad que se reutiliza cada 3 a 6 años.
El texto del proyecto hace referencia a estudios internacionales para respaldar su contenido. En Estados Unidos, por ejemplo, investigaciones han documentado altos niveles de metano en pozos de agua cercanos a zonas de fracking en Pensilvania y alteraciones en ecosistemas de Nuevo México por el ruido constante de esta actividad.
La propuesta se presenta como una respuesta a llamados de alerta emitidos por comunidades, científicos, organizaciones sociales y autoridades ambientales. Con su trámite legislativo, el gobierno busca avanzar hacia una transición energética que reduzca los riesgos ambientales asociados a la exploración de hidrocarburos mediante métodos no convencionales.
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Actualmente, el proyecto deberá surtir el proceso de debate y aprobación en el Congreso para definir su viabilidad jurídica y su eventual entrada en vigencia en el territorio nacional.
