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La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses más la suspensión contra el gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, investigado por la presunta omisión de deberes en el manejo del sistema de salud.
La medida se tomó por el constante deterioro de los servicios médicos a los isleños e irregularidades en la prestación del servicio por parte del hospital público Clarence Lynd Newball Memorial.
Según el Ministerio Público, el gobernador “no podría garantizar la prestación del servicio público de salud en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia”.
La investigación disciplinaria busca esclarecer los hechos y presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos al hospital Clarence Lynd Newball.
La Procuraduría encontró que a pesar de las advertencias y reiteradas denuncias, las irregularidades en la prestación del servicio de salud persisten en la isla y hasta el momento no se evidenciaría una solución cercana.
El procurador Fernando Carrillo ya ha liderado audiencias públicas con autoridades competentes, con el fin de buscar una salida a la crisis ambiental y sanitaria en la isla.
Además, ha impulsado una acción popular que busca impulsar la puesta en marcha y ejecución de la Planta de Generación de Electricidad de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) e incidentes de desacato interpuestos, advirtiendo la deficiente operación del relleno sanitario Magic Garden de la isla.
La Procuraduría, además, ha denunciado la deficiencia en el manejo de residuos hospitalarios del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial, que al parecer siguen a la intemperie sin ningún tipo de protección, poniendo en riesgo la salud de las personas.
También ha alertado sobre la falta de insumos, medicamentos, servicios de laboratorio y de cirugías en el hospital, afirmando que “encontraron acumulación de patologías sin analizar desde el 2017, lo cual podría atentar contra el derecho de los pacientes a un diagnóstico oportuno”.
