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Dentro de los argumentos que expuso la Procuraduría para solicitarse la constitucionalidad al alto tribunal, es que este tipo de normas tienen una vocación temporal prevista dentro de los cuerdos, que es de 10 años, "razón que permite evidenciar la urgencia de acudir a los decretos especiales con el fin de permitir su inmediata entrada en vigencia".
Para la Procuraduría, este Decreto cumple con las necesidades expresadas en las facultades especiales que tiene el presidente de la República para llevar a cabo los acuerdos de paz fijados con la guerrilla de las Farc.
"El fondo es un aspecto fundamental en la implementación de lo pactado en desarrollo del principio de la buena fe, ya que la existencia de medios que respalden la ejecución efectiva de los recursos es un asunto principal para generar confianza y seguridad entre los sujetos interesados en el cumplimiento de los mismos", señala el documento.
De igual forma, la Procuraduría advirtió que el control de los dineros públicos no quedará sin control porque en la norma se especifica "que están sometidos al control que ejerce la Contraloría General de la República y a observatorios de transparencia ciudadana”.
En ese sentido, el organismo de control le expresó a la Corte Constitucional que el contenido del Decreto 691 de 2017 en lo referido a las reglas de administración del fondo, son técnicas y respetan la legalidad del gasto, y la transparencia en el manejo presupuestal.
