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La Corte Constitucional recriminó al Gobierno nacional su falta de compromiso para mejorar la situación de las cárceles en el país. Respecto al tema adoptó varias medidas para evitar que los reclusos de la cárcel de Valledupar sigan sufriendo por la falta de agua y los tratos inhumanos al interior del centro carcelario.
Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, se ordenó suspender por los próximos seis meses el ingreso de nuevos condenados y se impusieron mecanismos para que cada uno de los detenidos pueda tener acceso al mínimo de agua potable definido en los estándares internacionales.
Si esta situación persiste después de once meses, se ordenará el cierre de la institución penitenciaria, puntualizó el magistrado.
Mientras se mantiene esta medida del Inpec y el Ministerio del Interior, se deberá trabajar en soluciones definitivas para poner fin a las precarias condiciones en las que viven los reclusos en este centro carcelario.
