Una firme advertencia hizo la Contraloría sobre varios movimientos financieros millonarios al cierre del gobierno de Gustavo Petro que superaron los $100 billones en entidades como Gestión del Riesgo y el Ministerio de Salud, entre otros.
El ente de control y vigilancia aclaró que, aunque por el momento no hay certeza de irregularidades, es necesario que se haga un control fiscal para analizar cada caso y poder concluir si dichas operaciones fueron transparentes y ceñidas a la ley.
“Se identificaron patrones en pagos a personas el mismo día de haberse suscrito el contrato, con desembolsos por la cuantía total del compromiso; mismos beneficiarios de pagos por varias entidades a la vez y pagos diferentes, con el mismo soporte a un mismo beneficiario”, cita la misiva.
Sobre esos hechos, recomienda que se verifique si los bienes y servicios fueron efectivamente recibidos y si las condiciones contractuales cumplen con lo establecido.
Además, el informe de seguimiento indica que se registraron giros por $7 billones a la UNGRD, $6 billones a un rubro de gastos generales para el Ministerio de Salud y la celebración de un total de $48 billones en nuevos contratos durante las últimas cinco semanas del Gobierno Nacional saliente.
Estos datos fueron recopilados entre el 22 de junio y el 28 de julio de 2026, cinco semanas durante las cuales se identificaron giros superiores a los $64,44 billones, además de la celebración de nuevos compromisos por $48,14 billones.
Otro de los hechos que genera inquietud para la Contraloría es que hay registros de dos o más giros realizados a personas naturales en una misma fecha, por el mismo valor, el mismo informe de ejecución y asociados al mismo contrato.
“Estos comportamientos constituyen señales que ameritan una revisión especial y coordinada por parte de las contralorías delegadas sectoriales, especialmente para las entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Inversión para la Paz, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)”, dice el ente.
Adicionalmente, la delegada de Economía y Finanzas advierte sobre 31 informes financieros de la Fiduprevisora. En particular, llama la atención sobre el del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que el revisor fiscal de dicha fiduciaria deja constancia de que no es posible obtener las evidencias suficientes sobre cuentas vinculadas a proveedores de servicios de salud.
“El propósito de esta actuación no es anticipar responsabilidades, sino garantizar que un volumen extraordinariamente significativo de recursos públicos cuente con plena trazabilidad, justificación y soporte”, puntualiza el comunicado.
Cuatro preguntas clave
1. ¿La Contraloría ya determinó que hubo irregularidades en estos movimientos financieros?
No. El organismo aclaró que, por ahora, no existe certeza de irregularidades y que se requiere un control fiscal para revisar cada operación y establecer si se ajustó a la ley.
2. ¿Cuánto dinero fue objeto de seguimiento durante las últimas cinco semanas del Gobierno Petro?
La Contraloría identificó giros superiores a $64,44 billones y nuevos compromisos contractuales por $48,14 billones entre el 22 de junio y el 28 de julio de 2026.
3. ¿Qué entidades quedaron bajo especial atención de los organismos de control?
Entre otras, los ministerios de Vivienda y Educación, el Fondo de Inversión para la Paz, el ICBF, Invías y la Uspec, debido a patrones de pagos que, según la Contraloría, ameritan una revisión especial y coordinada.
4. ¿Qué situación preocupa en los informes de la Fiduprevisora?
La Contraloría llamó la atención sobre 31 informes financieros y, particularmente, sobre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, debido a que el revisor fiscal señaló que no fue posible obtener evidencias suficientes sobre cuentas relacionadas con proveedores de servicios de salud.