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El Gobierno Nacional consideró como necesario esclarecer las denuncias que se han conocido sobre supuestos casos de acoso sexual en el Congreso de la República.
Es por esto que el presidente Gustavo Petro solicitó que se adelante una investigación interna para determinar la veracidad de esta información que ha sido revelada por el exsenador Gustavo Bolívar y se identifique en qué periodos legislativos se pudieron haber presentado.
“El Presidente Gustavo Petro ha solicitado una investigación interna sobre los hechos ocurridos en el Congreso de la República, tanto en la legislatura actual como en las anteriores”, señala un comunicado de la Presidencia de la República, leído por el ministro del Interior, Alfonso Prada.
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De igual forma, Petro le pidió a la senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, que se conforme una comisión accidental especial que se encargue de adelantar toda esta investigación, que contará con el respaldo total del Gobierno.
Asimismo, pidió la colaboración de los presidentes de Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, para esclarecer las denuncias que se han conocido sobre una supuesta red de trata de mujeres.
“Los resultados de la investigación serán puestos a disposición de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las autoridades competentes, si a ello hubiese lugar. Se llegará hasta sus últimas consecuencias, preservando el derecho al honor y la presunción de inocencia, pero investigando todas las denuncias que se reciban”, señala la Presidencia de la República.
El Gobierno asegura que el presidente Petro está completamente comprometido con los derechos de las mujeres y está en contra de cualquier caso de abuso o violencia de género.
“Este Gobierno practica la tolerancia cero con todo tipo de abuso, ya sea en el ámbito de la política, del trabajo o incluso de la familia”, indican.
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Finalmente, la Presidencia de la República presentará un protocolo que deberá ser tenido en cuenta como criterio para la definición de los altos cargos del Estado, con el fin de evitar hechos de discriminación de género o de cualquier otra índole.
