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El Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 0799 por el cual retira la exclusividad al Consejo de Estado, quien era encargadode darle estudio en primera instancia a las demandas instauradas en contra del Presidente de la República.
Según el decreto, se facultará a los jueces del distrito para revisar las tutelas que sean proferidas en contra del primer mandatario donde según el documento: "esta nueva regla de reparto contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial". Entre tanto, será tarea de los los jueces del circuito los encargados de darle revisión a las tutelas.
Esta nueva normativa fue firmada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, donde puntualmente señala: "se considera oportuno introducir una nueva regla de reparto que refuerce el principio de desconcentración funcional".
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Por otro lado, se argumenta que la nueva norma: "no excluye ni limita el control constitucional de la Corte Constitucional ni restringe el acceso a la justicia, dado que la acción de tutela continúa siendo ejercible en todo momento y lugar, conforme al artículo 86 de la Constitución, y su reparto se mantiene dentro del marco de jueces ya competentes conforme a los factores territoriales y subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico".
Entre tanto, dicho decreto ya firmado por el presidente Petro también indica: "las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría".
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Cabe recordar que una de las últimas demandas en contra del presidente Gustavo Petro radicada ante el Consejo de Estado fue por la presunta crisis financiera de las Fuerzas Armadas y Policía, acción interpuesta por los abogados, Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España, donde pidieron a la alta corporación que se ordenara al presidente adicionarle los recursos económicos y financieros necesarios para las FF.MM.
Por otro lado, demandas sobresalientes como la proferida en contra de la intensión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para 2026 o la Consulta Popular, entre otros temas que han causado polémica en el entorno político y jurídico.
