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Tropas de la Séptima División intentan verificar las denuncias hechas por la Comisión Intereclesial según las cuales 30 hombres, que portaban armas largas, ingresaron a Jiguamiandó y Curvaradó (en Chocó) e intimidaron a las comunidades que allí residen.
El comandante de esta unidad militar, el mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo, indicó que por el momento no han encontrado rastro de los supuestos integrantes del Clan del Golfo, aunque admitió que esa zona es un importante corredor del narcotráfico, por lo que ya hay tropas haciendo labores de vigilancia.
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El oficial indicó que “no se trata de controvertir la información que suministra la comunidad y por eso estamos en el sitio para confirmar o desvirtuar las denuncias. Estos 30 hombres tienen que dejar rastro bien sea en la parte terrestre o en la parte fluvial”.
“Sabemos que este es uno de los corredores del narcotráfico hacia el océano Pacífico”, dijo el general, quien se desplazará en la tarde para liderar los operativos.
Según la información de la organización Intereclesial, desde el pasado domingo 5 de enero a las 2:00 p.m, los ilegales han pasado por varias comunidades afro, amenazando a sus pobladores con sembrar minas antipersonales en los cultivos para retomar el control de la zona.
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Los paramilitares también habrían pedido deforestar parcelas, con el fin de sembrar coca en ellas. La entidad recordó que en julio del 2019, en Jiguamiandó fue desaparecida una persona que se negó a entregar las siembras de coca a los paramilitares.
De acuerdo con pobladores afrocolombianos entrevistados por Justicia y Paz, “se han visto obligados a salir de la región ante las amenazas de muerte, por denunciar a las operaciones de las AGC, en medio de la tolerancia de las Fuerzas Militares y de Policía. Esta estructura armada tiene un total control sobre el río Jiguamiandó y el río Tamboral”.
