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La Jurisdicion Especial para La Paz y la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia firmaron el protocolo que activa el monitoreo a las primeras sanciones restaurativas que impondrá el Tribunal para La Paz contra los exjefes de las Farc implicados en casos como los secuestros y a los militares y agentes del Estado judicializados por falsos positivos.
Según el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, se trata de una instancia de coordinación que busca garantizar el cumplimiento de las sanciones propias, que tienen el más alto componente reparador y restaurador en el marco de la jurisdicción especial.
Así mismo, recordó que estas sanciones propias no conducen a la cárcel, pero sólo serán impuestas a los comparecientes que reconozcan responsabilidad y aporten verdad exhaustiva, plena y detallada.
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“El Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias facilitará la articulación a nivel nacional, regional y local de tres componentes independientes y autónomos, cada uno en el ámbito de sus competencias, que buscan garantizar el cumplimiento de las condiciones para la implementación de esta clase de sanciones con los más altos estándares reparadores y restauradores”, indicó el magistrado Cifuentes.
En el marco de este monitoreo se tiene previsto intercambiar información en el marco de la verificación de las sanciones; articular sus acciones con actores externos nacionales, territoriales e internacionales, así como con las diferentes autoridades gubernamentales e instituciones representativas de las comunidades.
Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de la JEP señaló que desempeñará un rol técnico y administrativo en el proceso de monitoreo, recaudo de información, documentación y certificación que soporta la labor judicial del cumplimiento de la sanción.
A su turno, Carlos Ruiz Massieu jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, indicó que ese organismo adoptará un enfoque estratégico e inclusivo al llevar a cabo dicha verificación y centrará su monitoreo en las tendencias generales de cumplimiento y casos individuales concretos.
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La JEP recordó que estas sanciones propias o restaurativas tendrán una duración máxima de ocho años.
