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Este lunes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A propósito de esta fecha, la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, habló en La FM sobre las nuevas medidas que se están tomando para garantizar que las víctimas puedan denunciar casos sin exponerse.
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"Hemos creado un mecanismo que es estrictamente confidencial en donde vamos a recibir denuncias de aquellas mujeres que consideren que se encuentran en una situación de acoso sexual en el ámbito laboral o en un ámbito de ejercicio de relación de poder, es decir, que su jefe o una persona que tiene poder de alguna manera sobre ellas las ha venido acosando".
"Esto quiere decir que vamos a recibir [la denuncia], sin necesidad de que ella tenga que exponerse públicamente. Vamos a hacer una verificación de esta información, es decir, una verificación de las entrevistas, de las pruebas que tiene. Generalmente, esto es bien difícil, es una de las dificultades que tienen las mujeres para poder denunciar estos casos, y que la mayoría de estos hechos ocurren en espacios cerrados, confidenciales, donde no hay pruebas y donde las mujeres tampoco andan con un celular viendo dónde van a grabar, y es su palabra contra la palabra de una persona que tiene mucho poder y credibilidad social, política o en su entorno".
"Vamos a hacer una mínima verificación para constatar que la denuncia es creíble. Creíble no quiere decir que nosotros vamos a condenar, ni mucho menos, eso le corresponde a la justicia", explicó Marín.
"El escrache es un mecanismo válido"
"En aquellos casos que lo consideremos necesario, pertinente, para proteger el servicio público, podríamos acudir al escrache. El escrache es un mecanismo que ha venido siendo reconocido por la Corte Constitucional y que consiste en mencionar públicamente los hechos aún antes de que exista una condena o una decisión judicial. El escrache es un mecanismo que es válido debido a que justamente la impunidad está rodeada por la falta de pruebas y por el poder central que ejerce la persona agresora", precisó.
La defensora del Pueblo también se refirió a las denuncias que involucran a funcionarios del Estado. "En mi opinión, esos nombramientos no deberían hacerse. Obviamente no hay ninguna norma que los prohíba, pero es un asunto de defender la función pública y el servicio público".
"Si nosotros dijéramos: se va a nombrar una persona que tiene acusaciones de estar involucrada en narcotráfico, a todo el mundo le parece natural que no es una persona que tenga las calidades morales para ocupar el servicio público. Y también que si bien puede ser inocente, es importante que primero aclare su responsabilidad penal antes de usar el servicio público, porque se manda un mensaje pésimo. Sin embargo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, o violencia de género, no es tan claro el mensaje".
"Yo sí creo que el Estado debe tener una política de tolerancia cero con la violencia de género y nuestros servidores públicos deben ser personas que sean referentes de un óptimo comportamiento en lo que tiene que ver con la violencia de género, ya sea en el ambiente intrafamiliar, ya sea en el ambiente del trabajo o ya sea en el ambiente social".
"Una de las crisis de derechos humanos más graves que tiene Colombia es la crisis de violencia contra las mujeres. Las cifras de feminicidios son extremadamente altas. El hecho de un acoso sexual, un abuso sexual, una violencia de género contra una mujer no es un chiste. A las mujeres nos matan. Este año, según el observatorio de feminicidios, se han reportado más de 650 casos de feminicidios en Colombia y la cifra ha crecido respecto del año anterior. No estamos hablando de si un funcionario puede o no ser un buen funcionario, sino que deber ser un referente moral frente a una crisis con la que debemos ser implacables y no tolerar".
