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Representantes del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatú) y 21 familias campesinas reclamantes de tierras, en Belén de Bajirá (límite entre Antioquia y Chocó), ahora tienen medidas cautelares ordenadas por la JEP para garantizar su seguridad.
Específicamente, la Jurisdicción Especial para la Paz le ordena a El Ministerio del Interior, UNP, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército, Policía, Fiscalía, entre otros, que implemente las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos.
Y es que, en el Urabá, desde el año 2016 a la fecha, 20 líderes sociales y una lideresa trans han sido asesinados, según una reciente investigación de la Fundación Forjando Futuros y Diakonia.
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Alfranio Solano, líder reclamante de tierras, manifestó que en la zona persiste la zozobra. “Como líderes hay mucha inseguridad para nosotros, no hay garantías por eso se solicita las medidas de protección para podernos mover de un lado a otro en el trabajo comunitario”, dijo Solano.
Las medidas cautelares habían sido solicitadas por la Fundación Forjando Futuros, CINEP y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para la protección de líderes de tierras en esa zona del municipio de Riosucio.
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En la totalidad de los casos de asesinatos desde la firma del acuerdo en el país, se presume que los autores de los homicidios fueron integrantes del Clan del Golfo, cuatro líderes asesinados eran indígenas y 13 hacían parte de consejos comunitarios.
En el ámbito nacional durante 2022 han sido asesinados 135 líderes sociales, de estos 15 son del departamento de Antioquia, uno de los departamentos donde más casos junto a Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Nariño y Putumayo.
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