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En entrevista con La FM, Eisenhower Zapata, defensor de derechos humanos e integrante del comité de justicia transicional de Risaralda, señaló que el retorno de algunas comunidades indígenas a sus territorios se ha convertido en un asunto de disputas internas y utilización política. Según explicó, existen divisiones entre los Embera y dificultades relacionadas con la seguridad y el orden público en la zona.
¿Por qué algunas comunidades indígenas no retornan a sus territorios?
Zapata indicó que la situación ha derivado en un fenómeno repetitivo. “Eso se volvió un negocio, sobre todo para quienes ejercen los cabildos o gobiernos propios”, afirmó. Agregó que, mientras en la región habitan más de 50.000 indígenas, “los que mantienen esas movilizaciones son alrededor de 2.000 o 3.000 junto con sus autoridades”.
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El investigador explicó que factores de orden público influyen en la movilidad. “En este momento están lo que es la Augri Padilla, el Ernesto Che Guevara y alias El Boche, tres frentes del ELN, que entran al territorio indígena”, señaló. También mencionó la presencia del Clan del Golfo en la región, lo que genera que grupos salgan hacia ciudades como Cali, Pereira, Medellín o Bogotá.
No obstante, Zapata insistió en que los desplazamientos tienen un trasfondo económico. “Este gobierno les financió mingas, transporte y comida. Ya cuando se quedan en las ciudades y se convierten en un problema social, pretenden negociar. A ellos les dan dinero para que regresen a sus zonas, pero esos dineros no llegan a la base de la población”, dijo.
¿Cómo operaría el negocio de las movilizaciones indígenas?
Al ser consultado sobre el llamado “negocio”, Zapata resumió: “Si usted le da seis millones de pesos a un resguardo para que marche cada que el gobierno lo cita, es evidente que cada vez que salen vuelven con dinero”. Según él, los recursos quedan principalmente en manos de los directivos de los resguardos y no en la comunidad.
El delegado relató que cada movilización implica la entrega de apoyos económicos. “Toda olla comunitaria, cada vez que salen a marchar, les representa dinero. Incluso vimos un concierto en Pereira donde llegaron en chivas porque era más una condición política que de reivindicación de derechos”, aseguró.
Zapata añadió que la situación tiene un componente electoral. “Estamos en un proceso electoral, y hemos visto senadores del pacto histórico e incluso de movimientos indígenas independientes que llegan a la zona a hacer negocios porque vieron que eso les da resultado”, manifestó. Según él, estas prácticas generan consecuencias en las ciudades, especialmente en casos de mendicidad infantil y de mujeres indígenas en el espacio público.
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Sobre los dirigentes, señaló: “Usted nunca ve al gobernador ni al dirigente pidiendo en las calles. Los que terminan en esa situación son mujeres, niños y adolescentes. Mientras tanto, los líderes acceden a recursos, se mantienen en restaurantes o gastan el dinero en otras actividades”.
Finalmente, Zapata recalcó que no todos los indígenas participan en estas movilizaciones. “Hay más de 50.000 Embera en Chocó, Caldas y Risaralda. La mayoría permanece en sus territorios con proyectos productivos y apoyo de gobiernos locales. Solo un pequeño grupo, entre 2.000 y 3.000, aprovecha la oportunidad de obtener recursos mediante las movilizaciones”, concluyó.
