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Diez meses después de que las comisiones primeras conjuntas aprobaran el proyecto de ley ordinaria que reglamentará la jurisdicción agraria —la última normativa que requiere la justicia especial luego de un acto legislativo y una ley estatutaria—, la iniciativa permanece engavetada. Quedan cinco semanas de sesiones ordinarias, y la propuesta debe pasar por Cámara y Senado.
La última vez que el Congreso abordó la jurisdicción fue el 10 de diciembre del año pasado. En ese momento incluso la senadora Paloma Valencia, del opositor Centro Democrático, reconoció que el Ejecutivo y el Legislativo plantearon "un proyecto donde todos quedáramos mediamente satisfechos". El consenso multipartidista de entonces contrasta con las divisiones actuales.
El proyecto era el primer punto del orden del día de la plenaria del 28 de octubre, con un mensaje de urgencia que el Gobierno le imprimió para que el Congreso discutiera con mayor rapidez. Pero la suspensión provisional del Partido de la U contra el presidente de la Cámara, Julián López, alteró la jornada y provocó una andanada de cambios en la agenda.
La ponencia positiva para la plenaria ha estado radicada desde junio. Sin embargo, López no agendó la deliberación hasta el 15 de octubre, cuando el presidente Gustavo Petro advirtió que iría a las Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento del Estado al Acuerdo de Paz de 2016, citando reparos del exministro del Interior Juan Fernando Cristo.
Cristo fue una ficha clave en el impulso del proyecto hasta febrero, cuando salió del gabinete, causando que las plenarias no consideraran debatir la jurisdicción con el mismo ahínco. El exministro no dejó de insistir, y a mediados de octubre pidió que López y su homólogo en el Senado, Lidio García, del Partido Liberal, sacaran un espacio.
En un sector del Legislativo creen que los reclamos del mandatario deberían encaminarse a su propio gabinete. Principalmente, a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a quien "difícilmente logra uno escuchar y contactar", según el representante Carlos Ardila, del Partido Liberal, uno de los ponentes. Carvajalino estuvo en la fallida plenaria del martes pasado.
Julián López inició su campaña contra la medida provisional que La U le puso, desistió de presidir la Cámara y se amarró a su curul por horas. Sus compañeros de mesa directiva, Juan Sebastián Gómez y Daniel Carvalho, estuvieron al frente, y avalaron varias modificaciones del cronograma que hicieron que en dos días solo se aprobaran tres proyectos de 38.
Una de las propuestas fue la 'Ley del profesional de la construcción', de la que Carvalho fue autor y ponente. Después, la 'Ley Nuclear'. Luego, representantes de todas las tendencias respaldaron a López, y la jornada del 28 de octubre se terminó. La del 29 duró unas cuatro horas, incluyendo una de constancias y otra de discusión del orden del día.
Las otras dos sirvieron para anunciar los proyectos que tendrían que debatirse esta semana y para aprobar un protocolo de una convención sobre personas con discapacidad. Juan Carlos Losada, del Partido Liberal; Delcy Isaza, del Conservador, y Jorge Eliecer Tamayo, de La U, rechazaron que el proyecto no fuese el primero que se estudiara.
“Esta ley es una solución, aunque sea parcial, al centro del conflicto armado, que tiene que ver con los conflictos agrarios. Ya aprobamos el acto legislativo, ya aprobamos la ley estatutaria, ¿vamos a dejar la tarea a medio camino?”, cuestionó Losada. El coordinador ponente, Gabriel Becerra, también interpeló las decisiones de la Cámara.
Becerra, del Pacto Histórico, expresó que le "preocupa" que "después de todo este ejercicio de concertación", que incluyó a bancadas, altas cortes y la academia, "se esté presentando una situación que impide que podamos discutir, debatir y definir si se está, o no, a favor de que esta ley ordinaria lleve la justicia al campo".
El 4 y el 5 de noviembre habrá nuevamente sesiones plenarias. La jurisdicción está en el cuarto punto del orden del día, después de la conmemoración de los 493 años de Galapa, Atlántico, y de Puebloviejo, Magdalena. Julián López seguirá sin presidir. En paralelo, el Senado tiene previsto llegar a una conclusión.
