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Pese a que hace unas semanas el Distrito suspendió una vez más la implementación del nuevo sistema de taxi inteligente en la ciudad, la polémica continúa, en especial porque la Secretaría de Movilidad espera superar los obstáculos legales para continuar con la migración del taxímetro a las tabletas como esquema de cobro.
Este martes en el Concejo de Bogotá se llevó a cabo un tercer debate de control político sobre este tema, en el que de nuevo la cartera de Movilidad fue blanco de las críticas de los cabildantes. En especial el principal señalado fue Juan Pablo Bocarejo, quien deberá asistir a un nuevo debate, todavía sin fecha, en el que se definirá si prospera la moción de censura en su contra.
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Por el momento no se conoce cómo avanza esta propuesta de la bancada del Polo Democrático, pero según se evidenció en el debate de este miércoles, las quejas contra la gestión de Bocarejo siguen siendo constantes.
Frente al tema de taxis inteligentes, concejales de diferentes bancadas políticas expresaron su malestar. Uno de ellos fue Emel Rojas, de Colombia Justa y Libres, quien aseguró que no hubo una correcta planeación en el proceso:
"Han existido una serie de improvisaciones en la práctica. Yo no estoy en contra de la modernización ni de la tecnología. Creo que son herramientas que deben servirle tanto a los usuarios como a los taxistas, pero tiene que haber un equilibrio, un gana-gana, de lo contrario, cuando la balanza se inclina hacia un lado y solamente un grupo beneficia se vuelve muy complejo".
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Y añadió: "Con esta medida se van a beneficiar los dueños de las empresas, y van a perder los dueños de los taxis y los usuarios de Bogotá, creo que la medida debe repensarse y sobre todo hacer estudios técnicos que sustenten la implementación de los taxis inteligentes".
Ángela Garzón, del Centro Democrático, también criticó enfáticamente la gestión de Bocarejo: "Hay una improvisación por parte de la Secretaría de Movilidad. Creemos que se debe fomentar el uso de la tecnología, pero no obligando a los taxistas sino realizando unas mesas de trabajo para concertar con ellos las mejores alternativas".
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El concejal Hollman Morris también se pronunció al respecto, asegurando que la implementación es ilegal: "Tanto el Ministerio de Transporte como la Procuraduría se han manifestado sobre la ilegalidad de estas plataformas tecnológicas y no conocemos el estudio del impacto social y económico que puede tener esta medida contra los taxistas. Este gremio está amenazado por Uber y ahora por unas tarifas que van a incrementar alrededor de $4.000 y $5.000".
