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Por las dificultades para acceder a los cultivos de pancoger y desplazarse hasta el río para pescar, los integrantes de las comunidades indígenas ubicadas en la Costa Pacífica chocoana se están quedando sin alimentos.
Luis Ángel Guindarama, consejero para los Derechos Humanos de las comunidades indígenas de este departamento, aseguró que los menores de edad ya tienen síntomas de desnutrición y los líderes ancestrales no tienen los medios para atenderlos.
Según Guindarama: “las ayudas humanitarias en este momento se ven muy escasas. Si llevan alimentación, es sólo el equivalente a una ración y eso se acaba en cinco días. En este momento, en medio de una pandemia, no hay garantías de salud para atender a los menores de edad que se están enfermando”.
Para demostrar su poder, las estructuras ilegales han minado los campos, poniendo en riesgo la vida de los pobladores.
La consejera para los Derechos Humanos de la Presidencia Nancy Patricia Gutierrez, estuvo este fin de semana en Quibdó, donde se reunió con las comunidades afro e indígenas que son víctimas de los grupos armados ilegales.
Luis Ángel Guindarama manifestó que pese a la urgencia, el encuentro con el comisionado de Paz Miguel Ceballos, para hablar del avance en el desminado, está programado para dentro de un mes.
Sumado al confinamiento de los indígenas asentados en Bojayá, Alto Baudó y Riosucio, en el alto Andágueda los resguardos se están quedando vacíos por el desarraigo masivo de los habitantes que están llegando masivamente al casco urbano de Pueblo Rico en Risalarda, lo que ha ocasionado una emergencia humanitaria en este departamento.
Las autoridades del municipio receptor han alertado sobre las precarias condiciones en las que permanecen los integrantes de las comunidades ancestrales que están en riesgo de contagios con covid-19.
