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La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades de los funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) relacionadas con irregularidades en el suministro de alimentos a aproximadamente 4.000 personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.
Tras realizar cuatro visitas en las últimas dos semanas, el Ministerio Público constató una serie de problemas graves en el suministro de alimentos. Entre estas irregularidades se destacan el incumplimiento total en los horarios de entrega de la alimentación, escasez de materia prima para su preparación y deterioro de los insumos alimenticios, incluyendo queso, tubérculos, frutas, verduras y proteínas como la carne de hamburguesa.
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Según lo reveló la Procuraduría, el nuevo operador designado, U.T Andino Colombiano, tampoco ha proporcionado los equipos e implementos necesarios para la prestación del servicio, tales como refrigeradores, estufas, hornos, picadoras, licuadoras, congeladores y utensilios de cocina.
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"Estas deficiencias constituyen un incumplimiento flagrante y sistemático del contrato, y hasta la fecha no se han iniciado acciones administrativas por parte de la USPEC. Además, no se ha contratado la correspondiente interventoría y la supervisión en el centro penitenciario ha sido inexistente", añadieron.
Estos incumplimientos han llevado a la apertura de una investigación preliminar por parte de la Procuraduría, que tiene como objetivo revisar detalladamente el proceso precontractual y contractual que condujo a la adjudicación de este contrato.
El Ministerio Público explicó que se evaluará especialmente el cumplimiento de los requisitos habilitantes, como la capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y de organización, con el fin de determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en la toma de decisiones durante estas etapas.
La investigación contempla la solicitud de pruebas documentales, incluyendo copias de los estudios previos, actos administrativos, calificaciones de oferentes, respuestas a observaciones, contrato del operador y acta de inicio, con el objetivo de identificar a los funcionarios responsables en cada fase del proceso de selección y contratación.
