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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pidió que las autoridades judiciales emitan las máximas condenas contra las 90 personas que fueron capturadas durante los últimos días por la Fiscalía, señaladas de haber cometidos varios delitos sexuales contra menores de edad en Colombia.
La directora de esa entidad, Lina Arbeláez, destacó el trabajo articulado entre varias instituciones del país para lograr esas detenciones y explicó que las consecuencias de los abusos contra niños, niñas y adolescentes influyen directamente en toda la Nación.
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"Celebro esa captura porque las vulneraciones a la niñez y a la adolescencia repercuten no solo contra los individuos, sino también sobre Colombia entera" dijo la funcionaria.
Agregó que "nuestra sociedad se ve afectada y vulnerada cuando los niños, niñas y adolescentes son rasgados en su integridad física, psicológica o moral. Volvemos y retiramos las cifras: en este momento el ICBF tiene bajo protección a más de 62 mil menores" a quienes han vulnerado sus derechos.
El llamado se extendió a las familias colombianas, teniendo en cuenta que un porcentaje cercano al 40% del total de esos menores que son atendidos, fueron víctimas de vulneraciones dentro de sus hogares.
En las últimas semanas el país se ha estremecido con noticias sobre abusos a menores y denuncias al respecto, que incluso involucran a miembros de la fuerza pública en distintos hechos que se investigan.
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Ante esto, algunas organizaciones internacionales como Aldeas Infantiles SOS Colombia, iniciaron la recolección de firmas digitales para pedirle al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que priorice las acciones para evitar este tipo de hechos.
Por otro lado, desde el ICBF se confirmó también la muerte de dos niñas de 17 meses y dos años de edad , en el departamento de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición.
En el caso de la menor de 17 meses, su padre informó de su fallecimiento después de que un día antes se hubiese enfermado y no fuera llevada para recibir atención médica correspondiente, a pesar de que desde el Gobierno se hizo control constante a su situación.
En el caso de la niña de dos años, se conoció que por conflicto entre las autoridades indígenas de la población a la que pertenecía y el operador de los servicios de primera infancia, hace meses no les era permitido entregarle las canastas nutricionales.
