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El abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, se refirió a la polémica del contrato firmado con el MinTIC para proveer internet a miles de colegios en el país y que ha puesto en el ojo del huracán a la ministra Karen Abudinen.
El abogado explicó que “para evitar mayor perjuicio al Ministerio y que este proyecto pueda continuar, para que el contrato se pueda ejecutar y se continúen instalando puntos de internet en todas las escuelas rurales, la Unión Temporal Centros Poblados se hace a un lado para ceder el contrato a una gran multinacional que haría buen uso de la garantía del anticipo, aunque se tiene certeza que el anticipo de los 70 mil millones de pesos ha sido invertido en acciones propias del contrato”.
Cabe mencionar que la polémica se presentó luego que el Gobierno entregara un anticipo de 70 mil millones para la ejecución del proyecto y al parecer el contratista no puso esos dineros en una fiducia como corresponde y falsificó algunos documentos.
En ese sentido, el abogado Jorge Ricci explicó que la aseguradora del contrato es la empresa Rave Corredores de Seguros, que tiene más de 45 años de experiencia en el sector.
Dijo que el grupo de empresas que tiene la Unión Temporal Centros Poblados buscó garantías por medio de esa compañía, para contactar a los funcionarios del Banco Itaú en el tema de la fiducia.
“No era fácil conseguir una garantía por 260 mil millones de pesos y empresas como Seguros del Estado, no tenían la capacidad para asumir esa solicitud. No había mucho interés en las aseguradoras colombianas, tenían que unirse varias y por eso Rave indicó que habían encontrado una persona en el banco Itaú que brindaba esta garantía” dijo el abogado a RCN Radio.
El abogado se refirió a una tercera persona que se buscó para dar la garantía al contrato.
"Se confió en el señor Jorge Molina quien tiene con el banco un patrimonio autónomo de más de 400 mil millones de pesos. Estos hechos los informó el representante legal de Rave Seguros a la fiscalía general", concluyó.
Es de destacar que el Gobierno Nacional anuló ese polémico contrato por las presuntas irregularidades en la ejecución del mismo, pero la audiencia para resolver ese lío jurídico se encuentra suspendida.
