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La Oficina del Alto Comisionado para la Paz reveló que continúa adelantando un trabajo mancomunado, de la mano de organismos nacionales e internacionales, en el diseño del protocolo para garantizar que Salvatore Mancuso Gómez pueda desarrollar en Colombia la labor de gestoría de paz que le fue asignada por el presidente Gustavo Petro.
Dicho protocolo comprende la provisión de garantías de seguridad física y de seguridad jurídica para Mancuso, así como un plan de acompañamiento y seguimiento a su proceso por parte de entidades internacionales imparciales.
El Gobierno Nacional reiteró que la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, para que asuma su papel de gestor de paz, está en manos de la justicia de Estados Unidos y no de Colombia.
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Existe un grupo interdisciplinario de trabajo acompañando el caso del exjefeparamilitar y esbozando el plan que, como gestor de paz, deberá desarrollar en términos de aportes concretos a la comprensión de la verdad del fenómeno paramilitar, sus efectos culturales y políticos, y el diseño de propuestas para las garantías de no repetición.
Igualmente, el apoyo que debe dar en el proceso de exhumaciones, búsqueda de desaparecidos y tierras despojadas, y tendrá un papel en las mesas técnicas que abordan asuntos por resolver respecto de la Ley 975 con los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
La Oficina del Alto Comisionado reiteró que no puede, ni ha pretendido en ningún momento, interferir en el desarrollo de los procesos y las decisiones judiciales, tanto en Estados Unidos como en Colombia.
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Recordó que la figura denominada como ‘gestor de paz’ está regulada por la Ley 975 de 2005 y por el Decreto 1175 de 2016, que provee que los procesos penales que vinculen a personas designadas por el Gobierno nacional como gestores de paz no serán suspendidos, y estas personas deberán ponerse a disposición de las autoridades judiciales en todo momento que sean requeridas.
Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró su disposición de colaborar y aportar, en el marco de su mandato legal, al avance de la verdad y la justicia restaurativa para las víctimas de las violencias, componentes esenciales de nuestra apuesta de paz integral para Colombia
