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Un rifirrafe se registró entre la Gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por comunicados sobre la responsabilidad de la protección de los concejales y el alcalde del municipio de Tuluá.
El cruce de comunicados se dio tras las reiteradas solicitudes de la mandataria a la UNP, para que garantice la seguridad de los funcionarios de la administración y los cabildantes que han sido 'blanco' de intimidaciones y amenazas.
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La UNP emitió un comunicado argumentando que la seguridad de los funcionarios no es un deber exclusivo de la Unidad, sino, también, de las gobernaciones y las alcaldías.
"(...) En repetidas oportunidades, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro ha descargado la responsabilidad de prevención, seguridad y protección de los lamentables hechos en Tuluá en la Unidad Nacional de Protección, UNP", dice el oficio.
De igual manera, agrega que "no es cierto que este asunto sea de responsabilidad exclusiva de la UNP, como la funcionaria lo deja entrever, salvando su compromiso con la seguridad y protección de todas las personas y en particular la de los funcionarios y líderes sociales del Valle".
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Frente a esta respuesta, la Gobernación del Valle expuso la grave situación de riesgo que enfrentan los concejales y cuestionó la respuesta y protección por parte de la UNP ante hechos que calificó como "extraordinarios".
"Señor director, la situación de riesgo de los servidores públicos de Tuluá, como es de conocimiento público, es extraordinaria, es una emergencia inminente y, lamentablemente, los hechos que están ocurriendo nos dan la razón", reza el oficio de la gobernación.
Por otro lado, la Gobernación precisó que, si bien, brindar seguridad es de competencia de los territorios, existe una situación de "riesgo inminente".
"De manera simultánea, el alcalde de Tuluá y otros funcionarios de esta administración fueron objeto de amenazas, evidenciando una situación de riesgo inminente. Si bien es cierto que las entidades territoriales deben actuar como primer respondiente, también es cierto que es la UNP quien debe gestionar urgentemente en caso de riesgo inminente y excepcional (...)", añade el comunicado de la gobernación.
Amenazas
Cabe recordar que, en medio de la rendición de cuentas del alcalde Gustavo Vélez, fueron asesinados el concejal Carlos Londoño y la funcionaria de la dependencia de discapacidad.
De igual manera, varios concejales han denunciado haber sido 'blanco' de amenazas por parte de la banda criminal 'La Inmaculada'.
