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A pesar de que el exfiscal Aldana expuso su colaboración con la justicia en procesos contra la corrupción la Fiscalía y la Procuraduría, consideraron sus faltas como hechos gravísimos que afectaron a la justicia y por lo tanto debe imponerse una pena condenatoria acorde con sus actuaciones cuando ejercía como funcionario del organismo de control.
Entre tanto, la defensa de Aldana, que inicialmente solicitó aplazamiento de esta audiencia hasta tanto se conocieran los detalles del principio de acuerdo solicitado ante la Fiscalía por colaboración en varios procesos, solicitó a la Corte Suprema tener en cuenta la situación familiar y personal de su cliente antes de emitir la pena en su contra.
Para la Fiscalía la actuación de Aldana “desdijeron por completo de los deberes de decoro, de adecuado comportamiento que se espera de todo servidor público y con mayor rigurosidad de un servidor judicial, es decir, traicionó la confianza depositada por la entidad en los fiscales delegados más él cuando estaba destacado como fiscal de extinción de dominio y de lavado de activos, función dentro de la cual fue que se agotó la conducta delictiva”.
No obstante, Aldana al tomar la palabra pidió perdón por su actos y por su forma de vestir, advirtiendo que hacía parte de las condiciones que actualmente tiene como detenido en la cárcel La Picota.
Consideró que su aceptación de cargos se dio por una situación práctica y aseguró que “no tengo los recursos económicos con qué asumir una defensa, no puedo someterme a un juicio en donde tendría que incurrir en gastos de abogados y esa es la razón por la cual he aceptado los cargos”.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza del magistrado José Luis Barceló anunció que, una vez escuchados las intervenciones, va a dar a conocer en los próximos días la pena que impondrá en contra del exfiscal Aldana, quien fue acusado de los delitos peculado por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir para afectar la administración de justicia.
Hay que advertir que el exfiscal Aldana, firmó una resolución excluyendo de extinción de dominio a la sociedad Agropecuaria El Central, que estaba a nombre del excongresista Bulla y a cambio de ello recibió un apartamento en el norte de Bogotá.
