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Un grupo de exministros de Hacienda y de Transporte alertó sobre las consecuencias que tendría la expedición de un borrador de decreto presentado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual pretende redistribuir las vigencias futuras aprobadas en proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Según la carta abierta enviada al Gobierno y a la opinión pública, el decreto regula materias que, de acuerdo con los exfuncionarios, corresponden exclusivamente al legislador y no al Ejecutivo.
Esto, aseguran, genera dudas sobre su constitucionalidad y legalidad, además de desconocer normas vigentes en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de APP.
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Los firmantes señalaron que el texto contradice recientes advertencias de la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, sobre la imposibilidad de modificar unilateralmente las vigencias futuras pactadas en contratos de concesión.
En ese sentido, advirtieron que los funcionarios que avalen el decreto podrían incurrir en faltas disciplinarias y fiscales.
Otro de los puntos planteados es el riesgo de demandas de los concesionarios, pues el Estado estaría incumpliendo compromisos contractuales.
Aunque se ha sugerido incorporar un artículo que permita redistribuir recursos de común acuerdo entre las partes, los exministros recordaron que los contratos actuales ya contemplan esa posibilidad, por lo que la modificación mantendría dudas de legalidad.
De igual forma, advirtieron que la medida podría afectar la credibilidad del esquema de APP, utilizado no solo para construir carreteras sino también para impulsar proyectos de infraestructura social destinados a reducir la desigualdad.
En su comunicación señalaron que la confianza de inversionistas y financiadores podría verse comprometida si se expide una norma que altera unilateralmente los términos previamente pactados.
El pronunciamiento también se refirió al proyecto vial El Estanquillo–Popayán, considerado la principal apuesta del actual gobierno en el sector.
Los exministros señalaron que el 97% de su financiación depende de vigencias futuras, dado que contará con un solo peaje, lo que generaría incertidumbre en los inversionistas y podría llevar a que el proceso licitatorio se declare desierto.
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Además, resaltaron que, aunque el decreto no modificaría inicialmente los recursos de este corredor vial por tratarse de un proyecto prioritario, el próximo gobierno podría usar la norma para redistribuir sus recursos, lo que pondría en riesgo su ejecución y continuidad.
Esta situación, añadieron, podría retrasar la construcción de una vía clave para la conexión del suroccidente del país y afectar la competitividad regional.
Ante estas consideraciones, los exministros pidieron al Gobierno abstenerse de expedir el decreto por las afectaciones que, según ellos, traería para el desarrollo de la infraestructura de transporte en Colombia.
