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El estatuto antiterrorista abrió un nuevo debate político en Colombia por sus alcances en la lucha contra las organizaciones criminales y las garantías para el ejercicio de la oposición y la protesta social.
Durante el Round de La FM, el representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, defendió la iniciativa al considerar que permitiría fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y combatir el terrorismo. En contraste, el senador Kevin Gómez Paz, del Pacto Histórico, cuestionó la propuesta y advirtió que podría convertirse en un instrumento para perseguir a quienes se oponen al Gobierno.
Las dos posturas se enfrentaron alrededor de una pregunta central: ¿el país necesita un nuevo régimen jurídico antiterrorista para combatir a las organizaciones criminales o ya cuenta con herramientas suficientes para hacerlo sin poner en riesgo los derechos ciudadanos?
Julio César Triana defiende el estatuto antiterrorista como herramienta contra el terrorismo
Para el representante Julio César Triana, la iniciativa es necesaria porque permitiría ampliar las capacidades institucionales, judiciales, financieras y operativas del Estado frente a las amenazas terroristas y sus redes de apoyo.
“Ese estatuto antiterrorista es necesario en Colombia. Sin duda alguna, se convierte en la oportunidad para darle al Estado colombiano mayores capacidades, tanto institucionales, judiciales, financieras y operativas para lograr prevenir los riesgos y amenazas del terrorismo y de las redes de apoyo del terrorismo”, sostuvo.
El congresista también defendió la necesidad de brindar mayores garantías jurídicas a los integrantes de la Fuerza Pública que participan en operaciones contra organizaciones terroristas. Según su argumento, algunos miembros de la institución terminan sometidos a procesos judiciales después de adelantar este tipo de acciones.
“Este régimen además va a permitir devolver un régimen jurídico fuerte para que la Fuerza Pública pueda proceder en los operativos y se va a blindar la Fuerza Pública que, entre otras cosas, hoy nuestros miembros de la Fuerza Pública cuando adelantan operaciones contra el terrorismo, terminan judicializados”, afirmó.
Triana aseguró que la propuesta deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso y defendió que el país necesita herramientas adicionales para combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades económicas que lo sostienen.
Kevin Gómez Paz advierte riesgos para la oposición y la protesta social
El senador Kevin Gómez Paz cuestionó la iniciativa y sostuvo que Colombia ya cuenta con instrumentos constitucionales y legales para que las autoridades combatan a las organizaciones criminales.
Desde su perspectiva, el problema está en el alcance que podría tener un nuevo régimen antiterrorista y en la posibilidad de que sus disposiciones se utilicen para restringir la oposición política o las manifestaciones ciudadanas.
“Lo que no puede permitir el país es que se vaya restringiendo la democracia cada vez más y con eufemismos y con falsos términos pretendan en realidad cercenar la posibilidad democrática de que el pueblo colombiano se manifieste, que el pueblo colombiano pueda disentir y que podamos ejercer una oposición democrática”, afirmó el senador.
Gómez Paz también relacionó sus preocupaciones con declaraciones y actuaciones que atribuyó a Abelardo de la Espriella, a quien señaló de promover una narrativa que, en su opinión, podría facilitar la persecución de quienes piensan diferente.
El congresista insistió en que el debate no se limita a la lucha contra el terrorismo, sino que también involucra las garantías para el disenso político y la movilización ciudadana.
“Lo que sí es la realidad es que nos van a querer llevar a un escenario donde el que pone el relato establece de manera subjetiva qué es terrorismo, quiénes son los que supuestamente son redes de apoyo y así criminalizar en Colombia”, señaló.
El senador agregó que, a su juicio, el país debe evitar que las normas contra el terrorismo terminen afectando el ejercicio de los derechos democráticos.
¿El estatuto antiterrorista podría afectar la protesta social?
Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el posible efecto de la iniciativa sobre las manifestaciones y el ejercicio de la oposición. Mientras Triana defendió que la propuesta está dirigida contra quienes cometen actos terroristas o apoyan financieramente esas actividades, Gómez Paz expresó preocupación por el alcance que podría tener la definición de las conductas y de las redes de apoyo.
Triana rechazó que la iniciativa tenga como propósito perseguir a los sectores opositores y aseguró que el texto deberá debatirse en el Congreso y someterse al control constitucional.
“Le digo al senador con mucho aprecio que nada tiene que temer la oposición, porque yo estoy seguro de que ningún miembro de la oposición en Colombia ni realiza actos de terrorismo ni patrocina financieramente actos de terrorismo”, sostuvo.
El representante agregó que el proyecto deberá incorporar garantías para que sus disposiciones sean compatibles con la Constitución y los derechos humanos.
“Este tendrá control constitucional y debate en el Congreso, y le puedo asegurar que aquí vamos a incluir elementos que nada tienen que ver con el sagrado derecho de oposición y elementos que permitan combatir los graves delitos en Colombia”, afirmó.
Por su parte, Gómez Paz insistió en que sus reparos se relacionan con los antecedentes que, según dijo, le generan preocupación sobre el trato a quienes cuestionan a determinados sectores políticos. El senador sostuvo que defenderá la Constitución de 1991 y las garantías para la oposición.
De esta manera, el debate dejó dos posiciones enfrentadas: la defensa de mayores herramientas jurídicas para combatir el terrorismo y la advertencia sobre la necesidad de evitar que esas facultades puedan restringir la protesta social o la oposición democrática.
¿Qué sigue para el estatuto antiterrorista en Colombia?
Durante el debate, Triana señaló que la iniciativa deberá pasar por la discusión en el Congreso de la República. También indicó que el borrador será puesto a consideración del Consejo de Política Criminal, de acuerdo con lo expresado en la entrevista.
El representante defendió que el texto pueda ser discutido y ajustado para garantizar su compatibilidad con la Constitución y los derechos humanos, al tiempo que fortalezca la capacidad estatal para combatir los delitos relacionados con el terrorismo.
Gómez Paz, por su parte, anticipó que su sector político se opondrá a la propuesta y cuestionó la necesidad de crear un nuevo régimen jurídico antiterrorista.
Por ahora, las declaraciones de ambos congresistas reflejan las diferencias políticas y jurídicas que rodean la discusión. El alcance concreto de la iniciativa dependerá del contenido definitivo del texto y de su trámite institucional.
Preguntas frecuentes sobre el estatuto antiterrorista
¿Qué busca el estatuto antiterrorista en Colombia?
Según la defensa expuesta por Julio César Triana, la iniciativa busca fortalecer las capacidades institucionales, judiciales, financieras y operativas del Estado para prevenir y combatir el terrorismo y sus redes de apoyo. Sus críticos, como Kevin Gómez Paz, cuestionan la necesidad de nuevas herramientas jurídicas y advierten sobre los posibles efectos que podrían tener en los derechos democráticos.
¿Por qué hay preocupación por la protesta social frente al estatuto antiterrorista?
La preocupación expresada por Kevin Gómez Paz se relaciona con la posibilidad de que una definición amplia de terrorismo o de sus redes de apoyo pueda afectar a personas que participan en manifestaciones o ejercen oposición política. Triana rechazó que la iniciativa tenga ese propósito y defendió que su contenido debe respetar la Constitución y los derechos humanos.
¿Qué dijeron Julio César Triana y Kevin Gómez Paz sobre el estatuto antiterrorista?
Julio César Triana, representante de Cambio Radical, defendió la iniciativa como una herramienta para reforzar la lucha contra el terrorismo y proteger jurídicamente a la Fuerza Pública. Kevin Gómez Paz, senador del Pacto Histórico, cuestionó la propuesta y advirtió sobre posibles riesgos para la oposición y la protesta social.
¿Qué trámite tendría el estatuto antiterrorista?
De acuerdo con lo señalado por Triana durante el Round de La FM, la iniciativa deberá ser debatida en el Congreso y, según explicó, el borrador será puesto a consideración del Consejo de Política Criminal. El contenido definitivo y sus efectos dependerán del desarrollo del trámite correspondiente.
