Emilio Tapia responde al Gobierno Petro y niega estar tras licitaciones en el Estado

Asegura que su nombre está siendo suplantado y que puso en conocimiento de la Fiscalía una denuncia por estos hechos.
La Comisión de Disciplina Judicial compulsó copias para que inicie una nueva investigación contra la juez primera de ejecución de penas Barranquilla, Claribel Fernández Castellón.
La Comisión de Disciplina Judicial compulsó copias para que inicie una nueva investigación contra la juez primera de ejecución de penas Barranquilla, Claribel Fernández Castellón. Crédito: Colprensa

El contratista Emilio Tapia, que fue condenado por hechos de corrupción en el caso de Centros Poblados, emitió un comunicado en el que responde algunos señalamientos hechos por el Gobierno sobre un supuesto interés que tendría en licitaciones con el Estado.

Fue la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la que señaló que Tapia estaría buscando la manera de quedarse con algunos contratos de vías en el país y que la alerta habría surgido en el proyecto vial La Llanada–Sotomayor.

Según la denuncia de Rojas, en la revisión de algunas licitaciones se encontró que estructuras empresariales asociadas al contratista estarían buscando la manera de quedarse con al menos cuatro contratos a través de consorcios.

¿Qué respondió Emilio Tapia? 

A raíz de esto, el contratista Emilio Tapia respondió en una comunicación diciendo que estas acusaciones de la ministra de Transporte no son ciertas.

“Niego de manera expresa, categórica y enfática la veracidad de las imputaciones que han sido puestas en circulación pública, por cuanto las mismas carecen de sustento probatorio y desconocen actuaciones previamente adelantadas por mí ante las autoridades competentes”, dijo.

Adicionalmente, afirmó que su nombre está siendo suplantado y por eso tuvo que acudir a la Fiscalía para interponer esta denuncia y para advertir sobre posibles hechos relacionados con la comisión de algunos delitos “presuntamente ejecutados por terceros ajenos a mi administración, representación y control societario”.

“Durante el mes de marzo del presente año remití comunicación formal al despacho fiscal competente, mediante la cual suministré información concreta, detallada e individualizada respecto de determinadas personas jurídicas y terceros particulares que, presuntamente y de manera maliciosa, habrían venido utilizando el nombre, trayectoria empresarial, experiencia contractual y soportes documentales asociados a la referida compañía, pese a existir pleno conocimiento acerca de la imposibilidad jurídica de dicha sociedad para concurrir válidamente a procesos de licitación”, añadió.

De igual forma, el contratista se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades con el fin de contribuir en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades individuales.





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