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Al término del consejo de seguridad que se realizó en el Cauca, durante más de cuatro horas, por los recientes asesinatos de indígenas, el presidente Iván Duque pidió acelerar el plan de inversión social en el departamento y anunció que se sumará a la llegada de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 (Fudra 4), que pretende hacer frente a las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico que atemorizan a las comunidades indígenas.
"Consideramos que esa visión integral del Estado, seguridad y justicia, debe ir de la mano con toda esta inversión social", dijo Duque en una declaración en la ciudad de Popayán, capital del conflictivo departamento del Cauca.
El mandatario lideró el segundo consejo de seguridad de esta semana en esa región junto al ministro de Defensa, Guillermo Botero, la cúpula de la fuerza pública, el gobernador y otras autoridades del Cauca, epicentro de los ataques a las comunidades ancestrales a manos de disidencias de las Farc.
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El presidente afirmó que el paquete de medidas, cuyo costo no precisó, incluye subsidios, ayudas educativas y para emprendimientos colectivos en los resguardos indígenas, así como "acelerar" proyectos de infraestructura vial.
Duque ordenó el miércoles el despliegue de 2.500 militares de una fuerza élite para combatir a los disidentes de la disuelta guerrilla Farc, que el martes mataron a cinco indígenas en el Cauca.
Desde entonces, en esa región cocalera han sido asesinadas al menos ocho personas más, según los indígenas y las autoridades.
La orden de militarización fue cuestionada por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que abogan por una estrategia "integral".
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En lo corrido del año la oficina en Colombia de la Alta Comisionada ha documentado 52 asesinatos en territorio de los indígenas nasa, en el norte del Cauca.
La ONIC, principal organización aborigen, ha denunciado el asesinato de más de 126 indígenas desde la llegada de Duque al poder en agosto de 2018.
Duque relaciona la violencia contra los indígenas con el narcotráfico y "el crecimiento exponencial" de narcocultivos de los últimos años, que alcanzaron 169.000 hectáreas en 2018, según la ONU.
Para los indígenas las acciones "sistemáticas" en su contra son consecuencia del "incumplimiento de los acuerdos" de paz suscritos en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
El pacto con el ahora partido Farc privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilegales a cambio de ayudas para los campesinos involucrados en la siembra.
Tras décadas de persecución a las drogas, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína y Estados Unidos, su mayor consumidor.
