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Las líneas de 536 usuarios de la zona rural de Caldas resultaron afectadas luego de que los operadores Tigo-UNE decidieran cortar el servicio de telefonía fija.
El Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos domiciliarios de la capital caldense, expresó su preocupación porque con la acción de Tigo-UNE de desconectar los teléfonos fijos inhalámbricos se pone en un alto riesgo la vida de los habitantes de la zona rural de Manizales y de otros municipios del departamento.
“Cortar ese servicio, incluidos los centros de salud, los puestos de Policía, los establecimientos educativos, es dejar a la ciudadanía completamente desprotegida”, consideró Moisés Gallego, integrante de este colectivo social, quien agregó que "la empresa en mención ha sido insensible".
El dirigente cívico manifestó además que “si bien es cierto que Tigo-UNE, según el fallo de la acción popular no tiene la obligación de seguir prestando el servicio, porque queda en manos del Ministerio de las TIC, tampoco es menos cierto que en un acto de responsabilidad social empresarial, podría y puede seguir prestándolo”.
Las empresas de telefonía Tigo-UNE ya habían advertido desde hace un año que suspenderían el servicio, sin embargo, muchos sectores campesinos no sabían y por ende los tomaron por sorpresa.
Los motivos de la decisión de la empresa de telecomunicaciones obedecieron según ellas, a que la tecnología era obsoleta y no garantizaba la prestación de un eficiente servicio.
Agregaron que desde hace más de 20 años le han cumplido a la comunidad, pero que ante esas dificultades de orden técnico, no es posible mantener instalados esos teléfonos.
A raíz de esta preocupación de las comunidades del sector rural del departamento de Caldas, el abogado Armando Ramírez Olarte presentó una acción popular en la que le pidió al Juzgado Séptimo Administrativo de Manizales que le ordenara a Tigo-UNE, seguir prestando el servicio hasta cuando se definiera de fondo la demanda.
Recordó el abogado, que la justicia administrativa no sólo acató su requerimiento, sino que le exigió a Tigo-UNE que siguiera prestando el servicio durante un año más.
Explicó el señor Ramírez Olarte, que ese plazo de 12 meses, tenía como objetivo que el gobierno colombiano a través del ministerio de las TIC y Comunicaciones, pudiera implementar los dispositivos y logística en general que le facilitara prestar el servicio de telefonía fija de manera indefinida.
A propósito de esa orden de un juzgado de Manizales, para el próximo 17 de marzo del presente año, está programada una audiencia en el ministerio de TIC y comunicaciones, para evaluar el cumplimiento de ese fallo, anunció el abogado, Armando Ramírez Olarte.
La defensa aclaró que ese encuentro se dará porque el Ministerio de TIC y Comunicaciones, aún no asume esa responsabilidad.
