Contratos por más de $45.800 millones, posibles conflictos de intereses y subcontrataciones que deben ser examinadas por las autoridades, hacen parte de las denuncias que llegaron a la Fiscalía General de la Nación por el funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
El abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera pidió investigar presuntas irregularidades en los negocios tecnológicos celebrados entre la Federación Colombiana de Municipios, encargada de administrar el sistema, y DICITEC S.E.M. S.A.S., una sociedad de economía mixta en la que la propia Federación tiene participación accionaria.
El escrito reúne cerca de 1.200 folios de personas afectadas por las multas. Entre los aspectos que el jurista solicitó esclarecer, se encuentra la forma en la que se adjudicaron y ejecutaron varios contratos, además de la participación de directivos en esas operaciones y el destino de los recursos comprometidos.
La denuncia se conoce en medio de la revisión de más de 7,5 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 por parte de los organismos de tránsito y que estarían bajo investigación por posibles incumplimientos de los requisitos técnicos para operar cámaras de fotodetección.
Cabe mencionar que en ese proceso, el Gobierno reportó que 5.832.906 sanciones pendientes de pago deben ser revocadas de oficio y que otras 1.582.398 ya fueron pagadas, con un recaudo superior a $1,05 billones.
Los contratos del SIMIT que piden investigar
El SIMIT centraliza la información nacional sobre multas y sanciones de tránsito. Su administración fue asignada por la Ley 769 de 2002 a la Federación Colombiana de Municipios, que recibe el 10 % del valor de las multas efectivamente pagadas, como remuneración por la operación del sistema.
La denuncia pone la lupa sobre los contratos tecnológicos que la Federación habría suscrito directamente con DICITEC. De acuerdo con el documento, seis procesos registrados en el SECOP entre 2017 y 2023 suman más de $43.181 millones. Al incorporar otro contrato de 2022 y servicios de alojamiento de datos, el monto señalado se aproxima a los $45.821 millones.
Otro de los puntos señalados es un posible conflicto de intereses. Según el abogado Ricardo Ruge, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, habría intervenido en decisiones contractuales con DICITEC mientras representaba a la entidad que también figura como accionista de esa sociedad.
La denuncia menciona además a Enrique Alfonso López Pinilla, representante de DICITEC, y a Fabio Antonio Ríos Urrea, directivo de MASORA.
Dos investigaciones distintas: los contratos y las fotomultas
La denuncia penal cuestiona la contratación y ejecución de recursos vinculados al SIMIT. Entre tanto, la La revisión administrativa anunciada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, se concentra en las condiciones técnicas y legales de operación de los sistemas automáticos de detección.
En ese sentido, las autoridades revisan 7,5 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 por 37 organismos de tránsito.
Cabe precisare que el SIMIT no instala las cámaras, ni impone los comparendos, ya que esa función corresponde a los organismos de tránsito competentes. La plataforma consolida la información de las sanciones y permite consultar las obligaciones de los conductores.
La FM consultó a la Federación Colombiana de Municipios, que señaló que por ahora no habrá ningún tipo de pronunciamiento frente a las denuncias.
Sin embargo, fuentes de esa entidad precisaron que aunque sí hay una orden de la SuperTransporte para revisar esas multas, no habría una orden expresa de devolución de dinero a quienes pagaron dichos comparendos.
Desde Fedemunicipios explicaron que el proceso continúa y que podría tardar mucho tiempo, ya que hay que revisar 7.5 millones de multas.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué irregularidades fueron denunciados ante la Fiscalía por más de 7.5 millones de comparendos?
El abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera solicitó investigar contratos tecnológicos suscritos directamente entre la Federación Colombiana de Municipios y la sociedad de economía mixta DICITEC S.E.M. S.A.S. por un monto aproximado de $45.821 millones (incluyendo seis procesos en SECOP entre 2017 y 2023 por más de $43.181 millones, un contrato de 2022 y servicios de alojamiento de datos), además de presuntas subcontrataciones y el destino de los recursos.
¿Qué posibles conflictos de intereses señala la denuncia?
Se cuestiona que el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, habría intervenido en decisiones contractuales con DICITEC pese a que la Federación tiene participación accionaria en dicha sociedad; la denuncia también menciona a Enrique Alfonso López Pinilla (representante de DICITEC) y a Fabio Antonio Ríos Urrea (directivo de MASORA).
¿Cómo avanza el proceso de revisión de los comparendos?
Mientras la denuncia ante la Fiscalía investiga la contratación del SIMIT, el Ministerio de Transporte y la SuperTransporte revisan 7,5 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 por 37 organismos de tránsito debido a posibles incumplimientos técnicos; el Gobierno reportó que 5.832.906 sanciones pendientes deben revocarse de oficio y 1.582.398 ya fueron pagadas por más de $1,05 billones.
¿Cuál fue la respuesta de la Federación Colombiana de Municipios frente a la denuncia?
Fedemunicipios indicó que no emitirá pronunciamientos sobre la denuncia penal, pero precisó que, aunque acata la orden de la SuperTransporte para revisar los 7,5 millones de multas —un proceso que tomará bastante tiempo—, no existe una orden expresa para devolver el dinero a quienes ya pagaron los comparendos.