Si los congresistas colombianos así lo quieren, el país estaría próximo a tener una legislación que hará mucho más extremas las sanciones a los miles de infractores en el pago de las cuotas de alimentos para sus hijos, cuando les es ordenado por un juez de la República.
Así se plantea en un proyecto de ley que se tramita en la Cámara de Representantes y que ya fue aprobado en la Comisión Primera, en donde de acuerdo con el autor Miguel Ángel Pinto, Centro Democrático, el objetivo es que quienes están incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), que es el mecanismo público para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de niños, niñas y adolescentes, se cumpla en todo su rigor.
El congresista señaló en el debate, en donde el proyecto fue aprobado por unanimidad que “no podemos permitir que, de los 1738 deudores morosos registrados en el Redam, solo 63 hayan pagado o estén pagando sus obligaciones con los niños y adolescentes. Y es que la misma justicia se ha encargado de revictimizar a estos niños pues el código penal incluye penas de cárcel para los morosos por alimentos, pero como puede pagar un preso sus obligaciones, esto es revictimización”.
Además de que no puedan renovar la licencia de conducción, se aprobó que se amplíe la restricción a los morosos para que en el RUN también aparezcan registrados como morosos y no puedan realizar ningún trámite hasta que no se pongan al día.
Daniel Felipe Bernal, congresista del Partido Demócrata Colombiano, destacó que “acá no está incluido que se recategorice esa licencia de conducción y yo creo importante incluirla porque si no permitimos la recategorización, una persona que maneje un carro particular, no podría pasar a manejar un servicio público, para cumplir las obligaciones, entonces creo que es importante que agreguemos la recategorización como medida extemporánea en la medida que el moroso empiece a pagar y cumplir con su deber”.
Desde el Pacto Histórico se pidió que en el transcurso de dos años se pueda evaluar la efectividad del proyecto, “porque lo que estamos viendo nosotros en nuestro país tristemente es que tenemos procesos civiles, administrativos e incluso penales para cumplir con estas obligaciones, pero que el problema sigue estando vigente, el problema sigue existiendo. Por eso proponemos ese artículo nuevo para poder hacerle una evaluación, dentro de lo pertinente en este ejercicio que nosotros realizamos en el Congreso y es determinar si estas medidas que tomamos nosotros como congresistas están dando resultados efectivos”.
Incluso la conservadora Delcy Isaza pidió que esta ley incluya otras prohibiciones como el hecho de no poder contratar con el Estado y la imposibilidad para posesionarse en cargos públicos y de elección popular cuando el padre se retrase en tres cuotas.
De acuerdo con cifras entregadas por los ponentes en el debate, hay de 50 hombres que se encuentran pagando condenas por inasistencia alimentaria y más de 1000 tienen casas por cárcel por este mismo delito. El proyecto pasa a su segundo debate en la plenaria de La Cámara de Representantes.