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El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a través del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, rechazó las recientes amenazas difundidas en un panfleto atribuido a las denominadas FARC-EP, Estado Mayor Central.
El documento, conocido este martes 25 de noviembre en el nororiente del Cauca, declara objetivo militar a varios integrantes de la Guardia Indígena y del Programa de Derechos Humanos, a quienes les da un plazo de 28 horas para abandonar sus funciones organizativas y salir del territorio con sus familias.
Un clima de escalamiento violento
Las amenazas se producen en medio de una serie de agresiones, hostigamientos y ataques contra las comunidades, sus procesos organizativos y la Guardia Indígena, que continúa ejerciendo labores de cuidado y defensa territorial.
“Estos actos constituyen una agresión directa contra la autonomía de los pueblos y contra los esfuerzos comunitarios que venimos tejiendo para sostener la vida en medio de la guerra”, señala el comunicado del Cric.
La organización también rechazó “las acusaciones falsas e infundadas” que buscan estigmatizar a los guardias indígenas señalándolos como colaboradores del ELN y del Frente 57.
Según el Cric, estos señalamientos pretenden justificar futuras agresiones y asesinatos:
“Son una estrategia perversa que busca fracturar la confianza, dividir a las comunidades y debilitar el control territorial, las mingas y los procesos humanitarios y de paz”.
Exigencias al Estado colombiano
El Cric reiteró que no respalda a ningún grupo armado y que su lucha es por la vida, la defensa del territorio y la pervivencia de los pueblos.
En su pronunciamiento subrayó: “Quienes amenazan, señalan o asesinan a nuestros comuneros no son revolucionarios, son criminales. Nuestra respuesta seguirá siendo la resistencia: nadie nos va a sacar de nuestros territorios”.
La organización exigió al Estado colombiano —en especial a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior y a las entidades del Sistema Nacional de Derechos Humanos— activar de manera inmediata las rutas de protección individual y colectiva para salvaguardar la vida e integridad de los comuneros amenazados y de sus familias.
Asimismo, solicitó a los organismos internacionales de derechos humanos, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la CIDH, mantener vigilancia y seguimiento urgente frente a “un patrón sistemático de persecución y riesgo extremo” contra la Guardia Indígena y los equipos humanitarios en el Cauca.
