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La Corte Constitucional volvió a pedirle al Congreso que cree un régimen disciplinario especial para los funcionarios elegidos por voto popular, como alcaldes, concejales y congresistas.
La decisión se conoce al revisar una tutela presentada por la Procuraduría, después de que el Consejo de Estado anulara sanciones disciplinarias impuestas a diez funcionarios elegidos por voto popular.
¿De dónde viene la discusión?
Para entender esta decisión, es necesario recordar que la Procuraduría había investigado y sancionado disciplinariamente a esos funcionarios. En algunos casos, las sanciones incluían destitución e inhabilidad.
Sin embargo, el Consejo de Estado anuló esas decisiones al considerar que las normas que le daban a la Procuraduría esas facultades eran incompatibles con el marco constitucional aplicable.
Por esa razón, la Procuraduría acudió a la Corte Constitucional y sostuvo que esas sanciones habían sido impuestas cuando existía un marco constitucional, legal y jurisprudencial que reconocía su competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios elegidos por voto popular.
¿Qué dijo la Corte a la Procuraduría?
De acuerdo con la Corte, se le da la razón a la Procuraduría en un punto clave: la Sala Sexta de Revisión concluyó que las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron la Constitución y el precedente constitucional vigente en el momento en que se impusieron las sanciones.
Es decir, para la Corte no se podían analizar esas actuaciones como si las reglas actuales hubieran estado vigentes desde el comienzo.
Además, la Corte recordó que, para esa época, existía un precedente constitucional consolidado que reconocía las competencias disciplinarias de la Procuraduría frente a funcionarios elegidos por voto popular.
En ese mismo sentido, se explicó que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Petro Urrego contra Colombia generó nuevos estándares que posteriormente fueron desarrollados por la Ley 2094 de 2021 y precisados por la Sentencia C-030 de 2023.
Por eso, la legalidad de cada sanción debe analizarse teniendo en cuenta las normas y la jurisprudencia que estaban vigentes cuando fueron expedidas.
¿Qué decidió finalmente la Corte Constitucional?
La Corte confirmó la tutela que había protegido el debido proceso de la Procuraduría y mantuvo las decisiones de reemplazo que posteriormente dictó el Consejo de Estado.
Además, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que tramiten con oportunidad los procesos relacionados con sanciones de suspensión, destitución e inhabilidad que puedan afectar de manera intensa los derechos políticos.
Y reiteró que las autoridades deben cumplir lo establecido en la Sentencia C-030 de 2023.
El llamado al Congreso
Pero hay un punto de fondo: la Corte volvió a exhortar al Congreso para que expida, de manera prioritaria, un estatuto especial para los servidores públicos elegidos por voto popular.
La idea es que exista un régimen disciplinario específico que proteja los derechos políticos y electorales, pero que también permita establecer responsabilidades disciplinarias de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales.
En otras palabras: la Corte vuelve a decirle al Congreso que debe definir reglas claras y especiales para investigar y sancionar disciplinariamente a quienes llegan a cargos públicos mediante el voto popular.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿A quiénes se refiere la Corte?
A servidores públicos elegidos por voto popular, como alcaldes, concejales y congresistas.
¿La Corte dijo que la Procuraduría puede sancionar hoy sin límites?
No. La Corte analizó las competencias existentes para la época en que fueron impuestas las sanciones y recordó que posteriormente hubo nuevos estándares y reglas.
¿Qué pasó con las sanciones de los diez funcionarios?
El Consejo de Estado había anulado esas sanciones, pero la Corte concluyó que en las decisiones judiciales cuestionadas se desconoció el marco constitucional y jurisprudencial vigente cuando fueron impuestas.
¿Qué le está pidiendo la Corte al Congreso?
Que expida prioritariamente un régimen disciplinario especial para los funcionarios elegidos por voto popular, con garantías para sus derechos políticos y electorales.
