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Luego de conocerse la polémica por unas licencias concedidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales al Zoocriadero de la sociedad Tesoros de Colombia Sustainable Farm S.A.S. que le posibilita a esta empresa la caza de algunas especies de animales en el país, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) demandó esta decisión ante la sección primera del Consejo de Estado.
Ante este hecho, en las últimas horas se conoció que tras una reunión sostenida por las 33 corporaciones autónomas regionales del país donde se discutían diversos temas ambientales, este fue uno obligatorio y el paso adelantado por la CARDER para frenar estos permisos, recibió el apoyo unánime de sus similares de otras regiones.
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“Estuvimos reunidos en Bogotá todas las 33 corporaciones de Colombia y este tema de las licencias fue obligatoria su discusión y pues realmente allá obtuve el acompañamiento, la solidaridad y sobre todo la preocupación de todos ellos en el entendido en que también son regentes, subsidiarios o están siendo afectados con esas licencias que han sido otorgadas por la ANLA”, señaló Julio César Gómez, director de la Carder.
El director Gómez aclaró que lo que buscan es que haya un entendimiento colectivo, incluso con las comunidades residentes en las zonas donde se desarrollaría la caza de esas más de 20 especies animales en Colombia, para que no queden abiertas posibilidades a la cacería ilegal de la fauna nacional.
“Nosotros aspiramos en muy pocos días podernos sentar con la ANLA para tener la posibilidad de realizar una discusión académica y técnico jurídica, que nos lleve a que tengamos criterio de otorgamientos en el territorio porque por ejemplo nosotros, la Carder, somos los responsables, los que tenemos que velar y responder por los recursos naturales de Risaralda”, acotó Gómez.
El director de la CARDER fue claro al anunciar que por lo pronto, quedarán pendientes del pronunciamiento jurídico del asunto, esperando que se frenen estas licencias, en aras de garantizar la seguridad ambiental de las especies animales que quedaron expuestas a la caza y de las que a nivel nacional, incluso, algunas se encuentran en riesgo de extinción.
“Yo no podía quedarme indiferente ante semejante llamado de la sociedad civil, de las organizaciones, entonces yo quiero que así lo entienda la ANLA, de que no es un capricho ni una postura contradictoria, sino que estas licencias tienen unos tecnicismos y unas valoraciones que ellos no tuvieron en cuenta a la hora de otorgarlas”, finalizó el director de la Corporación Autónoma Regional Risaralda, Julio César Gómez, defendiendo su postura al respecto.
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La empresa receptora de la licencia, Tesoros de Colombia, señaló que su pretensión es buscar ciertas especies animales puntuales en los territorios donde les concedieron el permiso, para capturar algunos y trasladarlos a unos ambientes controlados que crearon y así ayudar a aumentar la población de los mismos; sin embargo, la sociedad civil denunció que esto abriría la puerta también a la caza y la comercialización ilegal de las mismas.
Según se ha conocido en medio de esta polémica, serían más de 20 especies animales las que están en medio de estas licencias para su caza; y en el caso puntual de Risaralda, la CARDER señaló que serían 3 tipos de ranas y 2 de aves en los municipios de Pueblo Rico y Apía; sin embargo, apuntó el director Gómez que algunas de las más de 20 especies involucradas, se encuentran actualmente en vía de extinción.
