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La Contraloría general de la nación reveló que el Consorcio Proescolares 2016, encargado del Programa de Alimentación en ese año, compraba kilos de pechuga de pollo a 40 mil pesos a una ferretería. Sin embargo ahora se conoció que Oscar Esteban De Oro Benítez, representante legal de Cooperativa Suministro de Alimentos de Colombia que conforma la sociedad, es el propietario de ese local comercial. Es decir, se trata de un contratista que se contrata así mismo.
De acuerdo con Carolina Calderón, directora de la Fundación Cívico Social Pro Cartagena y quien detectó la irregularidad, señaló que “los ejecutores del PAE 2016 en Cartagena no solo son ‘de todito’, o sea que tienen múltiples actividades en su objeto social sino que además hicieron un negocio redondo porque el señor Óscar De Oro Benítez es también miembro de la junta directiva de la Cooperativa Suministros de Alimentos de Colombia, que hace parte del Consorcio que ejecutó este contrato”.
Calderón que agregó que la ferretería Nueva Esperanza, que vendía las famosas pechugas, De Oro Benítez era el encargado de firmar los contratos comerciales, “Esto quiere significa que el contratista firmaba consigo mismo la venta de pechugas de pollo”
¿Dónde está la ferretería?
El ente de control alertó adicionalmente que no reportaba Iva, pero si lo deducía, irregularidades que dejaron en evidencia el entramado para desfalcar esos recursos destinado para los niños.
Según el Certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Cartagena, esa ferretería no renovó su matrícula mercantil este año, a pesar que contaba con activos de más de mil millones de pesos. En la actualidad, en la dirección: Av. Pedro Romero, sector Alcibia No. 30 - 31, no se encuentra funcionando nada.
De acuerdo con ese mismo registro la empresa nació en 2012 bajo el nombre Ferretería y comercializadora Nueva Esperanza S.A. y se dedicaría a la venta de artículos de ferretería, materiales para la construcción y obras civiles, asesorías, consultorías en el área de la Construcción y un extenso número de actividades de ese sector, pero no suministrar alimentos. En 2014 la empresa cambió de nombre a comercializadora Nueva Esperanza S.A., pero el objeto social seguía siendo el mismo: la venta de objetos para la construcción.
De acuerdo con María José Esmerald, jefe de servicio al cliente de la Cámara de Comercio, una sociedad puede durar hasta tres años sin renovar la matrícula mercantil, en caso que quiera retomar su actividad deberá ponerse al día con su renovación. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio lo descubra e inicie un trámite administrativo donde le pedirá una aclaración sobre las razones por las que no está en funcionamiento.
Se debe señalar que la Cooperativa Suministros de Alimentos está intervenida por la Supersociedades, tras hallase que no existe claridad jurídica y financiera de esa entidad. Esta sociedad conforma un consorcio con la Fundación Impacto Social, la cual también está involucrado en este escándalo tras las revelaciones de las autoridades.
El contrato PAE ha estado en manos de dos empresas desde el año 2014, las cuales a pesar de tener cuestionamientos de la contraloría se cambiaban de nombre para licitar y ganarse el contrato.
