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La Contraloría Distrital de Medellín abrió una indagación preliminar para establecer si el cambio de contratista en las obras finales de Hidroituango generó un presunto detrimento patrimonial de 108.585 millones de pesos a Empresas Públicas de Medellín, EPM. La revisión se concentra en la ejecución de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8 del megaproyecto, la fase final de la hidroeléctrica.
Desde febrero se adelantaba una actuación especial de fiscalización motivada por el cambio de contratistas para culminar la central. En junio, el ente departamental entregó sus resultados: concluyó que la Sociedad Hidroituango, propietaria del proyecto, no sufrió afectación patrimonial por la decisión, pero sí identificó una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación liderado por EPM. Como esa empresa no es sujeto de control de la Contraloría de Antioquia, el hallazgo de más de 100 mil millones de pesos fue trasladado a la Contraloría Distrital de Medellín, que ahora deberá abrir formalmente la investigación de responsabilidad fiscal.
La contralora de Medellín, Paula Ortega, explicó que la posible afectación no se originó porque se hubiera aumentado directamente el valor del contrato: "el nuevo contratista presenta unos valores en su propuesta que son superiores a los valores que EPM tenía en su presupuesto oficial. Entonces, esa diferencia es lo que genera el detrimento patrimonial", indicó la funcionaria. Insistió en que el proceso apenas se encuentra en etapa de indagación preliminar, que podría extenderse por cerca de seis meses, y que por ahora no existen responsables fiscales vinculados.
La entidad deberá reconstruir el proceso de contratación y establecer si la decisión de cambiar de contratista respondió a criterios técnicos, jurídicos y financieros suficientes, o si por el contrario produjo un daño al patrimonio de EPM. Según explicó el organismo, los procesos de responsabilidad fiscal cuentan con varias etapas y pueden extenderse hasta por dos años, por lo que una decisión de fondo solo podría conocerse hacia 2028.
La defensa de Quintero y la reacción política
La administración de Daniel Quintero, alcalde de Medellín entre 2020 y 2023 y presidente de la Junta Directiva de EPM, defendió en su momento el cambio de contratista argumentando que las firmas que venían ejecutando el proyecto estaban siendo investigadas por la contingencia de Hidroituango, tras el colapso de la galería auxiliar de desviación. Con ese argumento se decidió adjudicar la terminación de las obras de las turbinas 5, 6, 7 y 8 a un consorcio chino, en un proceso adelantado entre 2022 y 2023.
Este nuevo hallazgo se suma a otros frentes de control que rodean a Hidroituango y a EPM en los últimos meses, entre ellos una inspección de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa y procesos judiciales que ya vinculan a decenas de personas por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración anterior. La Contraloría Distrital de Medellín será, en todo caso, la encargada de definir si el presunto detrimento se confirma y quiénes deberán responder por él.
Preguntas clave para entender la noticia
¿A cuánto asciende el presunto detrimento patrimonial investigado?
A 108.585 millones de pesos (108.585.346.005,76 exactos), un presunto perjuicio a Empresas Públicas de Medellín, EPM.
¿Quién tomó la decisión que hoy se investiga y cuándo ocurrió?
La decisión de cambiar de contratista para las turbinas 5, 6, 7 y 8 se tomó entre 2022 y 2023, durante la alcaldía de Daniel Quintero, quien presidía la Junta Directiva de EPM.
¿Cuánto puede durar el proceso y qué sigue?
La Contraloría de Medellín estima que la indagación preliminar tomará cerca de seis meses, pero el proceso de responsabilidad fiscal completo podría extenderse hasta dos años, con una decisión de fondo posible hacia 2028.
