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El Cesar es uno de los 9 departamentos en los que se concentra el 60% de las desapariciones registradas en Colombia, por el conflicto armado. De acuerdo con los registros, en esa región desaparecieron a la fuerza a 7.058 personas, por ello se suscribió en las últimas horas el 'Pacto por la Búsqueda de Personas y la No Repetición'.
De manera articulada la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se comprometieron junto con la alcaldía de Valledupar y la gobernación de Cesar además de organizaciones de la sociedad civil y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, a adelantar acciones que permitan encontrar a las víctimas de este tipo de violencia y generar encuentros dignos con los familiares que por décadas, han esperado.
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Jorge Mario Jiménez perdió a su mamá hace 24 años cuando los actores armados la secuestraron y desaparecieron, sin embargo, a pesar del tiempo que ha transcurrido, él sigue soñando con reencontrarse con su mamá y saber qué le ocurrió.
Dijo que se han sentido solos en esa búsqueda incesante de respuestas sobre lo que pasó.
"Estoy buscando a mi madre que fue secuestrada hace 24 años y represento a las víctimas, me parece muy importante que nos estén apoyando en este momento y que las entidades se unan porque nos sentíamos desamparados, desprotegidos por el Estado como tal porque llevamos 24 años en búsqueda de mi mamá y este año, ya cumplimos 25 años y hemos sentido que todas las entidades nos han dado la espalda hasta este momento", dijo.
Agregó: "esto es muy importante para nosotros como familia, que el Gobierno se haga cargo de la búsqueda porque realmente yo había perdido la fe en todas las entidades como la Fiscalía, las alcaldías y Prosperidad Social, que decían que nos iban a ayudar pero sentía uno que no estaban comprometidos con ello; sentíamos que éramos engañados que era como para salir del paso".
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Por su parte, el gobernador del pueblo indígena kankuamo, Jaime Luis Arias dijo que la firma de este pacto hace parte de la reconciliación que requieren también las víctimas y sus familias.
Destacó que la esperanza no se muere a pesar de los años y del dolor por la desaparición de hijos, esposos, padres, madres, hermanos y amigos.
"Para nosotros los pueblos indígenas en especial el pueblo kankuamo este pacto por la búsqueda y la no repetición, representa un acto de reconciliación ya que toda la afectación del conflicto y fundamentalmente a nuestros seres y hermanos que han desaparecido a lo largo de este tiempo, aún tenemos la esperanza de poder dignificar su memoria, su historia y en este caso, este acto nos permite sumarnos a este gran esfuerzo de paz del país, con todos los actores".
El gobernador indígena también señaló que es necesario que las comunidades étnicas no sean revictimizadas "hoy nuestro derecho es a seguir cumpliendo la misión de cuidanderos de nuestro territorio (...), y mientras persisten las causas estructurales del conflicto aún nos sentimos en riesgo, por eso pedimos al Estado, el mayor esfuerzo para tener esa garantía de protección y que en lo posible, todos esos hechos victimizantes no puedan seguir ocurriendo y se nos pueda seguir protegiendo como sujetos colectivos; sentimos que esto -el pacto- nos da una oportunidad pero depende del compromiso y la voluntad de todos".
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A su turno la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, aseguró que “los hechos violentos que sé registran en el departamento del Cesar en el contexto y en razón del conflicto armado, requieren de un esfuerzo mayor de la sociedad para que de manera articulada, amplia y diversa invitemos a todos los sectores en el departamento a liderar, convocar y participar en acciones y estrategias que impidan la repetición del conflicto armado en nuestro territorio y contribuyan con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas”.
También dijo que no es suficiente con la firma del pacto, que se deben seguir haciendo más esfuerzos conjuntos para contarle la verdad al país, encontrando a los desaparecidos.
Destacó que evidenciando lo que ocurrió en departamentos como el Cesar en medio de la violencia armada, es una manera de movilizar la conciencia de las sociedades alrededor del sufrimiento que genera en las familias de las víctimas, el seguir buscando.
“Hay necesidad de brindar condiciones a las organizaciones y a las familias para que puedan buscar y hacerlo de manera segura, tranquila y con toda la dignidad que tienen. Esperamos, además, que con la estrategia de los Planes Regionales de Búsqueda la UBPD pueda motivar la participación de los familiares y las colectividades que quieran impulsar la búsqueda”.
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Entre tanto, la magistrada de la JEP, Reinere Jaramillo, expresó que este pacto se convierte en "una oportunidad para el país y particularmente para esta ciudad y los ciudadanos y ciudadanas que no conocen lo que pasó y que tendrían que saber que la desaparición fue un hecho que se dio, que vivieron muchas personas en esta región, que no puede volver a repetirse y que buscar a los desaparecidos es una obligación, un imperativo de todos y todas y este pacto es una invitación a esa resistencia al olvido de mutuo acuerdo”.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el departamento del Cesar 7.058 personas fueron víctimas de desaparición forzada, secuestro reclutamiento forzado además se conoció que entre los años 1958 - 2016 ocurrieron 3.755 desapariciones forzadas, 411 casos de reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad en el conflicto armado, y 2.892 casos de secuestro.
También se documentaron 1.278 acciones bélicas, 9.176 asesinatos selectivos y 524 casos de violencia sexual, 1.318 masacres.
Se identificó que entre 1999 y 2005 hubo un incremento en los hechos de violencia en el Cesar.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ha recibido hasta el momento 223 solicitudes de hallazgo tan solo en el departamento del Cesar que junto a Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Santander, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y Magdalena concentran el 60% de los desaparecidos en el país.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica actualmente 113.442 personas siguen desaparecidas entre ellas el 63,9% son víctimas de desaparición forzada, el 20,7% de secuestro y el 15,3% reclutadas de manera ilegal. Lastimosamente esta cifra supera por mucho las desapariciones que se registraron en las dictaduras y conflictos armados de Latinoamérica, en Guatemala 45.000 casos, Argentina 30.000 y Chile 10.000 desaparecidos.
