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Tras el reciente atentado con granada en la capital del país, la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) lanzó una alerta nacional ante el deterioro de las condiciones de seguridad urbana.
La organización advirtió que las principales ciudades de Colombia están siendo víctimas de una “escalada cualitativa” de la violencia, atribuida a fallas estructurales en el control, la incautación y la trazabilidad de armas y explosivos, responsabilidades que, según indicó, recaen directamente sobre el Gobierno Nacional.
El fenómeno de la “Violencia Degradada”
De acuerdo con el informe técnico de cierre de 2024, las ciudades no solo enfrentan delincuencia común, sino también dinámicas asociadas al conflicto armado degradado, que se manifiestan cada vez con mayor frecuencia en entornos urbanos.
En ese contexto, la presencia de explosivos de uso militar en zonas residenciales evidencia que las estructuras criminales han fortalecido sus capacidades operativas, ampliando el nivel de riesgo para la población civil.
Asocapitales señaló que la ausencia de una política sostenida de desarme y el débil control fronterizo han facilitado la expansión del mercado ilegal de armas, el cual muestra un crecimiento sostenido en los últimos años.
La dimensión del problema se refleja en una cifra histórica: mientras en 1994 se estimaban 2 millones de armas ilegales en el país, para 2017 el número habría aumentado a más de 4,2 millones.
Radiografía del impacto urbano
El análisis conjunto realizado por Asocapitales y la Policía Nacional permitió identificar las ciudades con mayores niveles de riesgo asociados a este fenómeno.
Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali concentran el 23,8 % de las incautaciones a nivel nacional; sin embargo, las tasas de delitos por cada 100.000 habitantes en estos territorios generan especial preocupación.
El uso de armamento de alto poder se presenta como un factor recurrente: el 60,7 % de los hurtos a personas y el 44,3 % de los robos a comercios en estas ciudades se cometen con armas de fuego, lo que incrementa de manera significativa la letalidad de la inseguridad ciudadana.
El informe, elaborado con apoyo de la UNODC, advierte además que el mercado ilegal ha cambiado sus dinámicas. Aunque el robo a depósitos militares y policiales representa el 10 % del suministro, actualmente predominan otras fuentes.
Entre ellas se identifican el contrabando transnacional, a través de corredores fronterizos; la proliferación de armas artesanales o “hechizas”, más económicas y difíciles de rastrear; y el uso del entorno digital, mediante redes sociales y plataformas digitales para la oferta y venta ilegal de armamento.
Finalmente, Asocapitales recordó que las administraciones locales enfrentan de manera directa las consecuencias de esta situación, pese a no tener competencia legal sobre el registro y control de armas.
“La seguridad de nuestras ciudades depende de una respuesta nacional más robusta y articulada”, señala el comunicado.
En ese sentido, la atención se dirige ahora a las entidades de inteligencia, de control aduanero y de investigación criminal, llamadas a frenar el flujo de armas que se desplaza desde zonas de conflicto como el Cauca, Antioquia y el Chocó hacia los principales centros urbanos del país.
