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Debido a las graves afectaciones causadas en 16 municipios de Santander, a consecuencia de la ola invernal, las autoridades tomaron la decisión de declarar la calamidad pública para atender estas emergencias, y es el punto de partida para acelerar las ayudas para las familias afectadas.
Esta medida se ha tomado tras un consejo de gestión del riesgo, donde se evaluó la situación crítica que enfrentan estas localidades, que incluye inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa.
Según la Unidad de Gestión de Riesgo de Santander, los municipios afectados son: Barrancabermeja, Bucaramanga, Carcasí, Charta, Charalá, Cimitarra, Confines, Coromoro, El Playón, Enciso, Florián, Galán, Güepsa, Sabana de Torres, Vélez y Suratá.
En todos ellos, los fenómenos naturales han superado la capacidad de respuesta de las autoridades locales, lo que ha llevado a esta declaración urgente.
El director de la entidad, Eduard Sánchez, señaló que no se cuentan con los recursos suficientes para ejecutar las obras y acciones de recuperación requeridas en las zonas afectadas. Ante esta limitación, los integrantes del consejo departamental propusieron declarar la calamidad pública departamental con el fin de gestionar el apoyo adicional y garantizar una atención más oportuna.
La calamidad pública también fue declarada en la Transversal del Carare, con el propósito de gestionar recursos de 50.000 millones de pesos que son necesarios para habilitar vías alternas mientras definen una solución de fondo en la zona.
Por su parte, el alcalde del municipio de Vélez, Orlando Ariza, señaló que, gracias a gestiones con entidades del Gobierno Nacional, se han liberado recursos destinados a atender la emergencia vial en la Transversal del Carare.
Este tramo ha sufrido daños significativos, con tres kilómetros destruidos, lo que agrava aún más la situación de conectividad en la región.
Se estima que, para la primera etapa de recuperación, se requieren más de $50.000 millones. Esta inversión es crucial para garantizar el restablecimiento de las vías y la seguridad de los habitantes, que se ven afectados por la falta de acceso adecuado a las localidades.
La declaración de calamidad pública no solo facilitará la asignación de recursos nacionales, sino que también permitirá habilitar vías alternas mientras se busca una solución estructural a la crisis. Esto es vital para mitigar el impacto en la comunidad y garantizar que los servicios básicos se mantengan operativos.
Las autoridades han hecho un llamado a la población para que mantenga la calma y siga las recomendaciones de seguridad. Se espera que, con la colaboración de diversas entidades, se logre una respuesta efectiva ante esta emergencia.
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