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Luego de que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte solicitaran formalmente un desglose técnico que justificara el alza del pasaje de Transmilenio en Bogotá, el secretario General de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva Moyano, respondió con contundencia a través de sus canales oficiales.
Silva Moyano hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para evitar que la gestión de la movilidad urbana se transforme en un campo de batalla ideológico.
"No conviertan la discusión sobre los precios del transporte público en un pleito político para atacar a Carlos Fernando Galán y a Transmilenio", afirmó el funcionario, subrayando que "el pleito pasa, pero el problema se queda".
Un desafío fiscal de escala nacional
La administración distrital argumenta que la decisión de ajustar las tarifas no es un hecho aislado de la capital, sino una respuesta a una crisis financiera estructural que afecta a los sistemas de transporte masivo en toda Colombia.
El funcionario destacó que diversas ciudades del país se han visto obligadas a implementar incrementos similares, incluso en aquellos lugares donde el transporte es operado directamente por empresas estatales.
El trasfondo de esta medida reside en el creciente déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), el cual ha presionado las finanzas de las principales urbes.
Según el Secretario General, la solución no vendrá de la confrontación, sino de una articulación técnica de alto nivel.
Para ello, propuso formalmente la creación de una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda para buscar alternativas de financiación sostenibles a largo plazo.
Compromiso social en medio del ajuste
Pese a las críticas, la Alcaldía defendió su política de subsidios focalizados. Silva Moyano recordó que Bogotá mantiene un esfuerzo fiscal sin precedentes para garantizar la movilidad de las poblaciones más vulnerables.
"En Bogotá vamos a mantener el esfuerzo de pasajes gratis a casi 700 mil usuarios", enfatizó, señalando que mientras la capital protege a sus ciudadanos más necesitados, el impacto del alza en el resto del país está siendo aún más severo.
El debate queda ahora sobre la mesa de las carteras ministeriales.
Mientras el Gobierno nacional exige transparencia absoluta en los costos de operación, el Distrito insiste en que la sostenibilidad del sistema depende de una política de Estado que trascienda las diferencias partidistas y garantice el derecho a la ciudad para millones de colombianos.
