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La Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó un contrato por 41.000 millones de pesos para la implementación logística, tecnológica e informática de las elecciones de las Juntas de Administradoras Locales (J.A.L), en 42 municipios de 22 departamentos y que se realizarán en el mes de noviembre.
El contrato fue entregado a la Unión Temporal Disproel 2024 integrada por tres empresas: Grupo ASD, Compañía Colombiana de Seguridad Transbank y Tomas Greg & Sons.
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Ese proceso generó una intensa controversia entre la Presidencia de la República y la organización electoral, pues el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, advirtió que el convenio estaría diseñado a la medida de la multinacional Thomas Greg & Sons.
Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil respondió que la convocatoria estuvo abierta durante 45 días, con requisitos que permitían la participación de otras empresas nacionales e internacionales. No obstante, la Unión Temporal se presentó como único oferente.
Cabe mencionar que Thomas Greg & Sons ha sido criticada en varias ocasiones por el presidente Gustavo Petro, quien advirtió que además de ser un 'megacontratista' del Estado, la empresa maneja los datos de los colombianos y el software de escrutinio electoral.
La Registraduría respondido a esas afirmaciones del jefe de Estado, asegurando que la multinacional no se encarga directamente del proceso electoral y menos del escrutinio, pues estas responsabilidades recaen en los jurados y los jueces de la República, respectivamente.
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Desde varios sectores políticos han advertido que los mensajes del Gobierno en contra de la Registraduría, buscan deslegitimar a la entidad, que se encargará de la organización de los comicios y legislativos que se llevarán a cabo en el año 2026.
