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En el acueducto de La Estrella, municipio vecino de Medellín, nadie sabe dónde están 24.000 millones de pesos que fueron girados a un contratista. Esta emisora ha insistido en la investigación porque a pesar de que la obra fue contratada en enero de 2021 y debía entregarse en enero de 2023, hasta ahora no existe ningún acueducto ni un atisbo de lo que debería ser. Por el contrario, según fuentes del Ministerio de Vivienda, el avance es solo del 6 %.
El contrato pactado por un total de 90.000 millones de pesos tuvo un anticipo de 27.000 millones de pesos que nadie sabe en qué quedó. Esta obra está relacionada con dos políticos fuertes de la región cuyos nombres revelamos aquí. El ex senador Julián Bedoya y el actual senador liberal Juan Diego Echavarría, quien fue alcalde de La Estrella en la anterior administración. El contrato tenía el destino de construir un acueducto para dos sectores de La Estrella en donde habitan alrededor de 30.000 personas, hoy sin acceso total a agua potable.
La primera semana de agosto, el Ministerio de Vivienda le envió un extenso documento al municipio de La Estrella en donde hizo preocupantes alertas por el destino de los recursos. Y solicitó liquidar el contrato inmediatamente haciendo uso de las cláusulas contractuales por los pobres avances en la obra y porque, según la cartera, hubo otras consignaciones inexplicables de más de 10.000 millones de pesos al contratista que no fueron nunca autorizadas por el interventor, ni por el Ministerio.
"De este valor girado al contratista por concepto de anticipo de obra, el interventor avaló inicialmente 3 desembolsos entre los meses de julio y agosto de 2020 por valor de $ 13.199.645.376, destinados a la compra de cemento y tuberías de acueducto y alcantarillado. Posteriormente, y hasta el mes de septiembre de ese año, el municipio efectuó 4 desembolsos adicionales por valor de $ 10.143.118.045.28 destinados para suministro de materiales, equipo, mano de obra y suministros de agregados, los cuales no contaron con aval de la interventoría quien argumentó sobre el riesgo de este desembolso por cuanto el contratista ya tenía en su haber $ 13.199 millones que no se veían invertidos en la obra debido a la baja ejecución evidenciada durante ese periodo, por lo cual no generaba las garantías necesarias para continuar aprobando más desembolsos, representando en consecuencia, un riesgo para los recursos que la nación a través del Ministerio, ya había aportado", dice la alerta.
El Ministerio le insistió a la Alcaldía en que respondiera por qué a pesar de un avance que no existía, la Alcaldía aprobó 10.143 millones de pesos sin aval de la interventoría. "Requerimiento que no fue contestado y que obligó a que se reiterara".
El documento del Ministerio de Vivienda firmado por el viceministro, José Luis Acero, es claro en señalar que podría haber un detrimento patrimonial en el caso. "De lo anterior se puede identificar que en obra solo se tiene dispuesto por parte del contratista un total de $2.157.964.828, frente al valor del anticipo efectivamente desembolsado al contratista, que equivale a la suma de $23.342.763.421 lo que demuestra solo un 9,24 % invertido por el contratista, generando alto riesgo de un posible detrimento patrimonial al Estado, dado la falta de soporte para la inversión del saldo restante que por concepto de anticipo fue desembolsado por el municipio de La Estrella al contratista de la obra".
El Ministerio fue tan duro en su comunicación que le pidió a la Estrella terminar el contrato para liquidarlo. Se realizará la correspondiente liquidación, previa devolución de la totalidad de los recursos girados con ocasión del mismo por parte del municipio.
El contratista, quien es Consorcio GyA 2020, no ha contestado las preguntas de La FM. Pero el alcalde, Juan Sebastián Abad, le dijo a El Colombiano que no se trata de un caso similar al de Centros Poblados. Y que el contrato a pesar de la solicitud del Ministerio, lo va a continuar desarrollando el mismo contratista.
Pero hay otro detalle. Una de las personas que fue hasta 2020 representante de una de las empresas que conforman este consorcio es Martha Parra Gil, quien ha hecho campaña política al lado del exsenador Julián Bedoya y paralelamente ha emprendido en el sector de los acueductos.
El alcalde Abad insiste en que se trata de un caso en donde no hay recursos perdidos. Sin embargo, nadie explica en qué fueron invertidos los 24.000 millones de pesos y dónde están hoy. Las veedurías, la personera Liliana Ramírez y líderes sociales como Cristian Zuluaga, han venido manifestando su preocupación con la obra inexistente.
