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Ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Adolescentes, con control de función de Garantías de Cartagena, se presentó un incidente de desacato, en el que se pide ordenar el arresto hasta de seis meses contra el Alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez, y el gerente de Espacio Público, Ivan Castro Romero.
El recurso se radicó a raíz del presunto incumplimiento de la Administración Distrital, que no habría hecho efectivo lo dispuesto en un fallo de tutela, presentado por cuatro miembros de la Veeduría de Espacio Público de Cartagena (Veespu).
“Requerir para que los incidentados den cumplimiento al fallo de tutela inmediatamente, notificándoles personalmente y ordenándoles que lo cumplan”, establece la primera pretención.
“Ordenar el arresto hasta de seis de los representantes legales de la Alcaldía de Cartagena, Manuel Vicente Duque y la Gerencia de la Oficina de Espacio, Ivan Castro Romero, por el solo hecho de abstenerse a dar respuesta a este fallo ha incurrido en desacato”, versa la segunda pretención solicita a través del recurso.
Hernán Pinto, uno de los accionantes y quien ejerce como vendedor informal en el centro histórico de Cartagena, decidió presentar una tutela debido a la vulneración a su derecho al trabajo y al mínimo vital, derivado de los operativos que realiza Espacio Público en esta zona de la ciudad.
Aseguró que las acciones que se han realizado por parte de esa dependencia de la Alcaldía de Cartagena, han afectado a más de 2.000 personas que a través del comercio informal se rebuscan el sustento diario de su familia. Sostiene que desde el Distrito se está imponiendo “la ley del garrote” y no se brindan alternativas económicas que permitan a personas como él, laborar en condiciones dignas.
En la tutela fallada se ordenaba a la Alcaldía de Cartagena realizar un estudio para verificar las condiciones socio-económicas de los vendedores informales, así como que estos fueran incluidos en unos programas para mejorar la calidad de vida de los mismos.
“El fallo de tutela le ordenó a la Alcaldía que en un plazo de 48 horas se nos incluyera en el registro, pero hicieron caso omiso y fue por eso que presenté un incidente de desacato”, destacó.
En el recurso de incidente de desacato también se pide que se imponga una multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, al igual que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación “para que investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial o la que hubiese lugar” por parte de Duque Vásquez y Castro Romero.
