Jorge Noguera, condenado por el despido injustificado de un detective
El Consejo de Estado encontró que el exjefe del DAS incurrió en una desviación de poder.
RCN Radio conoció en primicia que la Sección Tercera del Consejo de Estado le ordenó a Jorge Noguera Cotes, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pagar 177 millones de pesos a la entidad como medida de repetición por el despido injustificado de un detective en hechos registrados en el año 2004
El alto tribunal determinó que Noguera Cotes incurrió en una “desviación del poder” cuando declaró, mediante la resolución 2359 de noviembre de 2004, la vacancia por abandono del cargo el puesto que ocupaba el detective Rodolfo Enrique Benítez Quintana.
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En el estudio jurídico, la Sala encontró que se presentaron varias irregularidades en el despido del detective, reseñando que Benítez Quintana fue trasladado al departamento del Chocó pocos meses después que denunciara las irregularidades que se estarían presentando en un contrato para la compra de armas y munición con Indumil.
En el expediente se encuentran las quejas presentadas por el Benítez como jefe de la oficina de protección especial del DAS ante la subdirección y la dirección del organismo de inteligencia. Sin embargo, todas estas fueron omitidas y el 3 de febrero de 2004 fue relevado del cargo en la capital de la República.
Mediante la Resolución 0215 del 5 de febrero de 2004, se ordenó el traslado de Benítez Quintana para efectos del servicio y fiscales a la oficina de protección especial en la Seccional Chocó, uno de los departamentos con los más graves problemas de orden público para esa fecha.
En diferentes oportunidades pidió una licencia no remunerada por 30 días argumentando problemas familiares y personales, esto en referencia a los exámenes que debía practicarse su hija menor de edad. Así como las dificultades que se estaban presentando su esposa y sus hijos en la zona.
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Igualmente le solicitó a la subdirección del DAS, que era liderada por Emiro Rojas Granados, que se le resolviera la situación laboral reseñando que había recibido varias amenazas en su contra, situación que aumentaba la preocupación de sus familiares y estaba afectando a todo su entorno.
“Para la Sala se encuentra acredita el supuesto fáctico que dio origen a la condena, es decir, la desviación de poder en que incurrió el señor Jorge Aurelio Noguera Cotes, habida cuenta de que la autoridad judicial competente determinó que su actuación no se dirigió al mejoramiento del servicio, sino que guardó con circunstancias ajenas al mismo, aparentemente con represalias en contra del señor Benítez Quintana por haber presentado las denuncias a las que se ha hecho alusión en precedencia”, precisa el fallo.
El Consejo de Estado tuvo en cuenta el fallo del juzgado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó el pago de 434 millones de pesos al exdetective por concepto de asignación básica, prima de clima, prima de riesgo, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, indemnización de vacaciones, bonificación por recreación, prima de navidad, dotación, cesantías y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.
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En los dos fallos se hizo un fuerte llamado de atención por las evidentes irregularidades que rodearon el traslado y posterior despido del detective, argumentando que se le restó credibilidad a las denuncias hechas por el millonario contrato celebrado entre el DAS e Indumil.
En este sentido se indica que la Subdirección del DAS declaró la vacancia por abandono del cargo indicando que había faltado su trabajo sin ningún tipo de justificación los días 16, 17 y 20 de septiembre de 2004, pese a que ya estaba certificada la petición de permisos para atender asuntos de índole familiar.
Igualmente se encuentra documentada una constancia del 29 de enero de 2004 que presentó ante la Procuraduría General en la que le pide prestar atención ante una posible retaliación o persecución laboral en su contra por parte de Jorge Aurelio Noguera Cortes y Emiro Rojas Granados.
En este caso, Noguera Cotes no atendió las solicitudes del alto tribunal y no aportó pruebas para el debate jurídico, negándose en repetidas oportunidades a recibir las notificaciones y a ejercer su derecho a la defensa.
El Consejo de Estado le otorgó un plazo de seis meses a Jorge Noguera como plazo para pagar este dinero al fondo que adelanta la liquidación del DAS.
Noguera Cortes se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá cumpliendo una condena de 25 años de años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, esto tras entregarle información al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia para conocer los movimientos del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa di Andreis.