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El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia salió al paso de la propuesta del concejal Andrés Tobón, quien anunció que presentará una enmienda al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para prohibir las actividades de sexo pago en el espacio público de Medellín y evitar que se expandan los establecimientos dedicados a esa actividad.
Para la organización, la iniciativa parte de un desconocimiento de la realidad y pone en mayor riesgo a las trabajadoras.
En diálogo con La FM, Valery Ramírez, vocera del Sindicato Antioqueño de Trabajadoras Sexuales, afirmó que el trabajo sexual no es un delito, sino una actividad ejercida por personas adultas y libres.
Agregó que, el concejal mezcla conceptos distintos al equiparar el ejercicio voluntario de personas adultas con la explotación sexual de menores de edad, la trata de personas y las redes criminales, algo que calificó de muy delicado porque, a su juicio, vincula a las trabajadoras sexuales con grupos delincuenciales.
Recordó además que la Corte Constitucional reconoce el trabajo sexual como una actividad laboral y que omitir esa diferencia legal invisibiliza la autonomía de quienes lo ejercen.
Sindicato advierte sobre riesgos de la clandestinidad
Frente a la propuesta de prohibición, Ramírez advirtió que prohibir no resuelve nada y que, por el contrario, empujaría la actividad a la clandestinidad y llevaría a las trabajadoras a lugares más alejados, donde los delitos en su contra podrían cometerse con mayor facilidad, algo que, dijo, solo beneficiaría a los criminales.
“Nosotras no somos el problema ni somos criminales, nosotras somos las principales perjudicadas y las que estamos llevando la peor parte, estamos atrapadas en medio de un Estado ausente y de las bandas delincuenciales a las que las autoridades no han querido o no han podido perseguir de verdad”.
Indicó que el sindicato, junto con organizaciones como Putamente Poderosa, trabaja en el territorio en favor de la regulación, que según explicó no consiste en vincular a más trabajadoras sexuales, sino en proteger a las que ya ejercen, cuidar los espacios donde lo hacen, garantizar sus derechos humanos y ofrecer ayudas reales a quienes quieran salir de la actividad.
Piden garantías y protección de derechos
Aseguró que el sindicato ha participado en la mesa de prostitución de la Alcaldía de Medellín, donde ha hecho pedagogía sobre estas realidades, y pidió al concejal conocerlas antes de formular proyectos.
Concluyó que exigen garantías, protección y respeto a sus derechos humanos, que se deje de criminalizarlas y que se persiga a los verdaderos delincuentes.
Claves de la noticia:
¿Qué propuesta del concejal Andrés Tobón generó el rechazo del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia?
El concejal Andrés Tobón anunció que presentará una enmienda al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para prohibir las actividades de sexo pago en el espacio público de Medellín y evitar la expansión de establecimientos dedicados a esa actividad. El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia cuestionó la iniciativa, al considerar que parte de un desconocimiento de la realidad que viven las trabajadoras y que podría aumentar los riesgos para ellas.
¿Por qué el sindicato considera que se están mezclando conceptos diferentes?
En diálogo con La FM, Ramírez sostuvo que el trabajo sexual ejercido voluntariamente por personas adultas no debe equipararse con delitos como la explotación sexual de menores de edad, la trata de personas o las actividades de redes criminales. A su juicio, mezclar estas situaciones puede asociar injustamente a las trabajadoras sexuales con organizaciones delincuenciales. También recordó que, según señaló, la Corte Constitucional reconoce el trabajo sexual como una actividad laboral y que es necesario distinguir entre el ejercicio voluntario y los delitos relacionados con la explotación.
¿Qué riesgos advierte la organización si se prohíbe el trabajo sexual en el espacio público?
Ramírez advirtió que una prohibición podría empujar la actividad hacia la clandestinidad y desplazar a las trabajadoras sexuales a lugares más alejados, donde, según su planteamiento, podrían quedar más expuestas a delitos y situaciones de violencia. En ese sentido, sostuvo que las medidas de prohibición no resolverían el problema y podrían aumentar la vulnerabilidad de quienes ejercen esta actividad.
¿Qué alternativas propone el sindicato frente a la iniciativa?
El sindicato, junto con organizaciones como Putamente Poderosa, trabaja en favor de la regulación. Según explicó Ramírez, esta propuesta busca proteger a las trabajadoras sexuales que ya ejercen la actividad, cuidar los espacios donde trabajan y garantizar sus derechos humanos. También plantea ofrecer ayudas reales a quienes quieran dejar el trabajo sexual, sin que la regulación signifique vincular a más personas a esa actividad.
¿Qué les pide el sindicato a las autoridades y al concejal Andrés Tobón?
La organización pidió al concejal conocer de primera mano las realidades de las trabajadoras sexuales antes de formular proyectos que las afecten. Además, recordó que ha participado en la mesa de prostitución de la Alcaldía de Medellín para explicar sus condiciones y necesidades. Su exigencia, según lo expresado por Ramírez, es que se garanticen la protección y el respeto de sus derechos humanos, que se deje de criminalizar a las trabajadoras sexuales y que las autoridades concentren sus esfuerzos en perseguir a los responsables de delitos.
