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El municipio de Puerto Boyacá ha registrado cambios en su dinámica territorial tras procesos asociados a la distribución de tierras. En esta zona del Magdalena Medio, el Gobierno nacional adelanta acciones de acceso y formalización de predios a través de la Agencia Nacional de Tierras.
Durante una jornada oficial, el presidente Gustavo Petro, acompañado por el director de la entidad, Juan Felipe Harman, encabezó la entrega de 5.300 hectáreas a 510 familias de comunidades campesinas. De acuerdo con la información presentada, una parte de los beneficiarios corresponde a población afectada por el conflicto armado.
El mandatario indicó que la política del Gobierno prioriza la recuperación de tierras vinculadas a actividades ilegales, baldíos y predios que fueron despojados al campesinado, con el objetivo de asignarlos nuevamente a comunidades rurales.
“La orden que he dado es seguir dándole prioridad a la recuperación de la tierra ilegalmente tomada por narcos, corruptos, la que es de baldíos, la que fue expropiada al campesinado, la que fue adquirida con dineros oscuros, para que la Agencia Nacional de Tierras, lo más rápido que pueda, se la entregue efectivamente al campesinado de Colombia”, mencionó Petro.
Por su parte, el director de la Agencia señaló que en municipios del Magdalena Medio se han adjudicado más de 19.000 hectáreas. Entre las localidades mencionadas se encuentran Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Yondó, La Dorada, Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martín, Tamalameque y Puerto Salgar, "además de este municipio donde hoy estamos: Puerto Boyacá. Todo esto es un paso fundamental para revertir décadas de acumulación ilegal y avanzar en la construcción de paz”.
“Para la región del Magdalena Medio, para sus organizaciones rurales, para todas las que forman parte de la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio, hay que reconocer abiertamente que este proceso solo tiene la posibilidad de continuar con la firmeza, la convicción y la organización del pueblo campesino que lo sostiene”, añadió Juan Felipe Harman.
Las hectáreas entregadas en Puerto Boyacá corresponden a 49 predios. De estos, 21 estuvieron vinculados a procesos de extinción de dominio, medidas cautelares o administración de la Sociedad de Activos Especiales. Entre los predios se encuentran La Gloria, Hoy Jamaica, Hacienda La Herradura, La Aurora, La Estrella, El Almendral, La Ponderosa, El Rincón, Hacienda El Edén, Las Brisas, El Martirio, Santa Marta, El Recreo, El Prado, La Primavera, La Esperanza 1, La Esmeralda, Tierra Bella y La Fredy.
Representantes de organizaciones campesinas indicaron que los terrenos serán destinados a proyectos productivos, entre ellos cultivos de arroz, ahuyama y patilla, con el fin de sostener actividades agrícolas en la región.
“Agradecemos esta valiosa oportunidad y también la abrazamos porque estas tierras nos van a servir como medida de restauración temprana, nos van a servir para seguir un legado de rescate cultural, campesino y ancestral de nuestros usos y costumbres”, manifestó la representante de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Gestionando Paz, Ludirlena Pérez Carvajal.
Según la información oficial, algunos predios como El Recreo, El Prado y La Primavera fueron utilizados para el ocultamiento de activos ilegales. Otros, como Las Brisas, El Martirio, La Esmeralda y La Fredy, han sido vinculados a dinámicas del conflicto armado en la subregión.
En este contexto, Puerto Boyacá ha sido identificado como un punto relevante dentro de procesos relacionados con control territorial y uso de la tierra durante distintas etapas del conflicto. Las autoridades señalan que los predios recuperados pasan a procesos de adjudicación para uso agrícola.
Durante el evento también participaron autoridades regionales, entre ellas el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, así como funcionarios y representantes locales.
Adicionalmente, el director de la Agencia hizo referencia a una decisión de la Corte Constitucional relacionada con el Decreto Ley 902 de 2017. Según explicó, el alto tribunal ordenó la implementación de la jurisdicción agraria a partir de 2027, bajo responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.
Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras informó que, durante la actual administración, se han gestionado más de 700.000 hectáreas destinadas a comunidades rurales. Estas acciones forman parte de la política de acceso a la tierra que el Gobierno ejecuta en diferentes regiones del país.
