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La Contraloría General de la República emitió una severa advertencia al Gobierno Nacional sobre los riesgos financieros y jurídicos que implicaría la decisión unilateral de recortar los recursos destinados al proyecto de "Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique".
En un oficio oficial firmado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, el organismo señaló que cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas por la Nación o la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) derivaría en graves consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y penal.
Contradicciones normativas
El documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; y al presidente de la ANI, Oscar Javier Torres, resalta una preocupante falta de coherencia entre dos normas expedidas al cierre de 2025:
- El Decreto 1472 del 29 de diciembre (DNP).
- El Decreto 1484 del 31 de diciembre (Ministerio de Hacienda).
Según el organismo de control, la aplicación de este último entra en contradicción con lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos ya comprometidos.
Alerta por demandas y sobrecostos
La Contraloría fue enfática al recordar que esta advertencia no es nueva, remitiéndose a oficios enviados en noviembre de 2024 y junio de 2025. El ente de control subrayó que, si el Gobierno decide utilizar de forma unilateral los recursos de vigencias futuras o los fondos presentes en los patrimonios autónomos para fines distintos al proyecto, la Nación se expondría a:
- Intereses moratorios: El pago de rendimientos no previstos en la estructuración inicial del contrato.
- Demandas cuantiosas: La generación de causales de incumplimiento que derivarían en litigios millonarios contra el Estado.
- Responsabilidad penal y fiscal: Consecuencias directas para los funcionarios que autoricen el desvío de estos recursos.
Seguimiento riguroso
"En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas, ello implicaría la asunción de las consecuencias legales correspondientes", reitera el oficio. Con este llamado, la Contraloría busca blindar la seguridad jurídica de los contratos de concesión y evitar que la reorientación de fondos públicos termine afectando el patrimonio de los colombianos a través de indemnizaciones judiciales.
