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La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas que estarían involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil, dentro de investigaciones que permitieron identificar casos en Armenia, Pitalito, Cartagena y Soacha.
En Armenia, Quindío, fue ubicada una mujer que presuntamente realizó registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija cuando la niña tenía aproximadamente un año. La identificación se produjo a partir de información de la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños, ICSE, de Interpol, tras lo cual fue presentada ante un juez de control de garantías.
Según la información entregada por la Fiscalía, este es uno de los cuatro casos que hacen parte de la investigación adelantada por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, UENNA.
Los otros hechos fueron detectados en Pitalito, Huila; Cartagena, Bolívar; y Soacha, Cundinamarca, con diferentes circunstancias y niveles de participación atribuidos a los procesados.
Una investigación con conexiones internacionales
En Pitalito y Cartagena fueron capturados Leonardo Muñoz Claros y José Raúl Sabalza Cortés, respectivamente, en una investigación desarrollada por la Fiscalía en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y autoridades de Aragón, España.
Los dos hombres habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad.
De acuerdo con la Fiscalía, Muñoz Claros habría distribuido 1.223 videos, mientras que Sabalza Cortés presuntamente recibió y difundió este material. Estos hechos constituyen otra de las líneas de la investigación que permitió judicializar a los cuatro procesados.
El cuarto caso fue detectado en Soacha, Cundinamarca, luego de una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI. La información permitió identificar una dirección IP asociada a un teléfono móvil que, según las autoridades, era utilizado para distribuir material de abuso sexual infantil.
Los casos también incluyen presuntas agresiones directas
La investigación en Soacha estableció además que el propietario del dispositivo, según la Fiscalía, habría abusado sexualmente de su hijastra de siete años y producido fotografías y videos de las agresiones. Así, el expediente reúne tanto conductas relacionadas con la producción y circulación del material como presuntas agresiones sexuales contra menores.
A los cuatro procesados les fueron imputados, según la presunta responsabilidad individual de cada uno, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado.
Ninguno aceptó los cargos. No obstante, los jueces de control de garantías ordenaron que los cuatro procesados cumplieran medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan los respectivos procesos judiciales.
Las claves del caso en cuatro preguntas
¿Qué ocurrió en Armenia?
Una mujer fue ubicada en la capital del Quindío y presentada ante un juez de control de garantías, luego de que información de Interpol permitiera relacionarla presuntamente con registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija cuando la menor tenía aproximadamente un año.
¿Dónde fueron detectados los otros casos?
Además de Armenia, las investigaciones tuvieron actuaciones en Pitalito, Huila; Cartagena, Bolívar; y Soacha, Cundinamarca. En los dos primeros lugares fueron capturados dos hombres señalados de compartir material sexual que involucraba a menores, mientras que en Soacha fue detectado un dispositivo presuntamente utilizado para distribuir este tipo de contenido.
¿Cómo se detectaron los hechos?
La investigación contó con información de Interpol, una alerta de HSI y la cooperación entre la Fiscalía, la Dijin y autoridades de España, lo que permitió avanzar en la identificación de los diferentes casos.
¿Qué decisión tomó la justicia?
Los cuatro procesados fueron enviados a establecimiento carcelario como medida de aseguramiento y ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
