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Este fin de semana se conoció un mensaje del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en el que advertía de una presunta interceptación ilegal de sus comunicaciones: "Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado".
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Además, se supo que el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se reunió con la fiscal Luz Adriana Camargo, el pasado 19 de junio, para entregarle una carta de Ibáñez en la que denunciaba las interceptaciones.
Después de que esta situación trascendió a los medios, este sábado 22 de junio, la Fiscalía General confirmó la apertura de una investigación al respecto: "Frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, al recibir esta semana en la Corte Constitucional la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia".
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Antes de que estallara este escándalo, la periodista D'Arcy Quinn, en su sección de 'Secretos', anticipó que los magistrados, incluidos los de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), saben que los tienen intervenidos y que incluso les están montando carpetas para pasar información que está registrada en la DIAN y en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
De acuerdo con D'Arcy Quinn, esto se maneja a través de una oficina de inteligencia que opera en la Presidencia de la República, que monitorea a todas las agencias de inteligencia y que funciona como una oficina de monitoreo y analítica en la Secretaría de Comunicaciones, a través de la cual supuestamente se harían perfilamientos de periodistas, magistrados y miembros de la opinión pública.
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Esa oficina es dirigida por René Guarín, exmiembro del M-19. Los miembros de todas las cortes, incluyendo la JEP, saben que son escuchados y se cuidan mucho de lo que dicen porque saben que pueden ser recusados y así ser apartados de las grandes decisiones del país.
