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La decisión de la Procuraduría de suspender al canciller Álvaro Leyva tiene diversas implicaciones tanto jurídicas como personales.
La primera consecuencia afectará la demanda de Thomas Greg and Sons, ya que respalda completamente sus argumentos y proporciona bases adicionales para que ganen la demanda presentada contra la Cancillería. Desde ahora se vislumbra la posibilidad de que el estado pierda en este litigio.
Además, el auto archiva la investigación contra el secretario general de Cancillería, José Antonio Dalazar, dejando claro que él y su equipo actuaron correctamente.
El fallo respalda a la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien fue abruptamente removida de su cargo.
Todo apunta a que esta suspensión podría derivar en una destitución y un juicio disciplinario contra el canciller. Es poco probable que regrese a la Cancillería, ya que la suspensión puede extenderse por hasta seis meses. Aunque se espera un cambio de Procurador este año, es improbable que ocurra a tiempo para salvarlo.
A pesar de que el presidente Petro podría expresar su apoyo a Leyva y tratar de mantenerlo en el cargo, carecería de sentido, dado que Leyva no podrá retornar al Palacio San Carlos. Además, su hombre de confianza, Juan Carlos Lozada, quien participó en reuniones en París, también abandonó la Cancillería al presentar su renuncia.
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